Acción Preventiva a la variante de San Gil, tras las denuncias de Fabian Diaz

Luego de las denuncias del Congresista Fabian Diaz, la Procuraduría General de la Nación inició una Acción Preventiva a la construcción de la variante de San Gil, debido a presuntos atrasos en el cronograma de actividades, falta de información por parte del contratista, impactos sociales que se estarían causando, afectación a las vías rurales aledañas a la obra, cambios inesperados en el trazado y daños en caminos ancestrales.

El organismo de control inició esta medida por solicitud del Congresista Diaz, quien además ya había logrado que la Contraloría iniciara una auditoría al contrato de esta importante obra.

En los hechos referidos por el Congresista Diaz, se relata que la comunidad y los veedores locales están inconformes por las demoras que tuvo el inicio de la obra, y no tienen conocimiento de si la ejecución actual se ajusta al cronograma estipulado, ya que la empresa contratista no ha brindado mayor información.

Otra de las situaciones referidas es los daños que se han causado en las vías rurales por los vehículos pesados que transportan los escombros de la obra, ya que los habitantes de veredas como El Cucharo, Volador y Ojo de Agua transitan por una carretera en pésimo estado por la que no responde Concay, empresa contratista.

La gestión predial de la obra también se encuentra en tela de juicio, ya que según el Congresista Diaz «los terrenos que Concay requiere para los avances de la obra están demarcados como zona rural, no obstante, pagan impuestos y servicios públicos como área urbana de acuerdo al plan básico de ordenamiento territorial de san gil. Por tanto, se están ofreciendo sumas irrisorias a los propietarios de los terrenos».

En los hechos denunciados, también se encuentra que la empresa contratista estaría extrayendo agua potable para la obra desde un tubo madre del acueducto municipal sin ningún permiso, y las autoridades locales no han tomado las medidas pertinentes sobre el caso.

En la secuencia de hechos, el Congresista Diaz menciona que los habitantes del barrio Mochuelo, aledaño a la obra, denuncian cambios en el trazado original de la ruta, lo cual afectaría no solo a la comunidad, sino también a los sitios de interés cultural como los caminos ancestrales que comunican a San Gil con Cabrera y Barichara, que se encuentran protegidos legalmente en Santander por la ordenanza 0217 de 2006 la cual, prohíbe la afectación de este tipo de senderos.

El Congresista espera que los organismos de control tomen las acciones pertinentes para evitar la vulneración a los derechos de la comunidad y garantizar la ejecución eficiente de la variante.

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