Gobernador de la Magdalena Carlos Caicedo denuncia calumnias e infamia institucional por parte de la Fiscalía

 El gobernador de la Magdalena Carlos Caicedo quien ha sido uno de los gobernantes que mejor ha manejado la pandemia ha venido denunciando serias irregularidades por parte de instituciones estatales.

Una de ellas fue una irregular y mediática visita a un centro hospitalario a inicios de la pandemia que fue intervenido de manera irregular por parte de miembros de la contraloría.

Hace poco se difundió que la fiscalía intervino los bienes del gobernador Carlos Caicedo y del exalcalde de santa marta Rafael Martínez por presuntas irregularidades en su adquisición, la noticia que se hizo mediática y fue difundida en redes sociales, afirmaba que el ente acusador tomaría medidas cautelares a 11 bienes avaluados en 766 millones y algunas irregularidades encontradas en centros de salud del departamento.

El gobernador destacó a su defensa en un hilo, 5 falsedades que usa el ente acusador de la fiscalía para calumniarlo, la primera es anunciar un proceso de extinción de dominio inexistente, puesto que esta orden solo puede ser decretada por un juez luego de un proceso jurídico. La segunda es referente a que a los investigados se les adjudican 11 bienes que en realidad pertenecen a por lo menos 5 propietarios, la tercera falsedad destaca que es calumnioso asumir que los bienes fueron adquiridos producto de rentas ilícitas, cuando esto no se ha probado en juicio, y los bienes fueron adquiridos mucho antes de fungir como gobernador e incluso mucho antes de que se hicieran las presuntas obras irregulares. La cuarta falsedad destaca que solo unos de los cinco centros de salud fueron entregados, la realidad es que 4 centros de salud fueron entregados y existen evidencias reales de esto. Finalmente, la fiscalía miente al decir que los bienes van a ser ocupados una vez termine la cuarentena, sin embargo, estos bienes solo podrán ocuparse cuando se agoten las instancias jurídicas posteriores a un juicio.

El gobernador destaca que con estos comunicados públicos se atenta contra su buen nombre pues se induce a las personas a emitir juicios de valor antes de que sean probadas todas las acusaciones, siendo evidente el sesgo político que esta institución muestra en contra de gobiernos locales opositores al gobierno nacional.

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