El Descuartizador, Uribe y La Masacre del Aro

Por: Camilo Arteaga Durán (@EpicuroDeSamos)

Las misivas con extrañas retractaciones siguen siendo una constante en muchas investigaciones contra el expresidente Uribe:  

“Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública”, reza un extracto del sucinto escrito rubricado por Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, un exparamilitar condenando a treinta y cuatro años de prisión por ser uno de los autores materiales de la masacre de El Aro, ocurrida entre el 22 y el 29 de octubre de 1997, en la que diecinueve personas fueron brutalmente torturadas y asesinadas; las mujeres violadas, el ochenta por ciento de las casas incendiadas, mil doscientas reses robadas, hubo una treintena de desaparecidos304 y más de setecientos de sus habitantes fueron obligados a abandonar el pueblo, quedando literalmente borrado del mapa. 

Su ubicación, circundada por las colinas de la cordillera occidental, le dieron su nombre.  Parte de la confesión de Villalba fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un extenso fallo para condenar a Colombia por ese suceso.  El exparamilitar tenía otras condenas por la masacre de Pichilín-Sucre, su departamento natal, donde murieron once personas; y por la masacre de La Balsita, un corregimiento del municipio de Dabeiba-Antioquia, con dieciocho personas muertas, entre ellas, niños. 

La extraña Carta

 
La carta fue exhibida con jactancia por el gobierno del presidente Uribe a la prensa en el año 2008.  Poco tiempo después, Villalba negó tajantemente su autoría, y junto a las investigaciones y pruebas grafológicas,305 se pudo comprobar que quien la había escrito era Jesús Amado Sarria, “Chucho” o “El Brujo de Antero”, el viudo de la desaparecida Elizabeth Montoya, conocida como La Monita Retrechera, la mujer emblema del proceso ocho mil.  Sarria había sido condenado por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y años más tarde, por homicidio.  El entonces secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, declaró que Sarria le había informado sobre un complot contra el presidente a través de una amiga en común en la cárcel.  Tiempo después se supo que esa amiga era María Victoria Millán Nieto, representante de una fundación (Asociación Semillas de Esperanza) que visitaba a los presos para dictarles clases de oficios artesanales, de la cual hacía parte el capitán Silcerio Armando Torres Rodríguez, asesor de seguridad del INPEC de la época, y otros funcionarios públicos.  Millán tenía acceso privilegiado a la cárcel La Modelo; era adscrita a algún credo religioso de esos que proliferan hoy en día y al que también pertenecían Del Castillo y Sarria.  Villalba era uno de sus alumnos y ella reconoció que entraba en repetidas ocasiones al Palacio de Nariño a visitar a su hermano de creencias.  Al principio, Del Castillo negó que haya tocado algún tema carcelario, aunque luego dijo que Millán le había comentado que Sarria le puso al tanto del supuesto complot para enlodar a Uribe.  Los dos negaron que ella fuera quien llevó la carta al palacio, la cual estaba sin sellos, lo que significaba que alguien tuvo que haberla llevado y entregado en las manos de algún alto funcionario o del presidente mismo.  Nadie en el palacio dio razón.  ¿El gobierno sabía que el sobre provenía de Chucho Sarria? ¿Por qué la carta salta los protocolos de radicación? ¿Por qué es tan misterioso un episodio que debía ser normal, como es la correspondencia a Palacio?  La misiva fue enviada por el gobierno a la CIDH, como supuesta prueba en el caso de unas masacres en las que presuntamente Uribe fue el perpetrador intelectual.  Muy grave si la intención, aparte de engañar a la opinión pública colombiana, era también hacerlo con el tribunal internacional.  Villalba explicó que esa carta la firmó en blanco bajo la promesa de Sarria de hacerle cambiar a un patio más seguro, dada la influencia de este como pastor cristiano en la cárcel La Modelo, en calidad de asesor espiritual de los presos. 

 
El exparamilitar había iniciado su periplo criminal siendo un niño, jalonado por el magnetismo del dinero fácil de Pablo Escobar y bajo el mando de Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, y otros sicarios del primer anillo del capo.  A sus dieciséis años, “La Quica” lo envía a trabajar con uno de los socios del cartel de Medellín, Fidel Castaño Gil, alias Rambo, fundador, junto a sus hermanos, de las AUC.  Luego forma parte de las filas de Mancuso; allí aprende a torturar y matar “a lo paraco”, es decir, despedazando personas vivas con machete, cuchillo o sierras eléctricas.  Su macabra destreza para esa atrocidad lo llevo a ser conocido como “El Profesor de los Descuartizadores de las AUC”.  Sus relatos en las declaraciones ante los estrados de Justicia y Paz salen patentes, sin titubeos y en medio de glosas crudas y espeluznantes: “A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo.  Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.  Se hacía con machete o con cuchillo.  El resto, el despojo, con la mano.  Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos”.  “Las indicaciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos.  Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia”. 

 
Según narra el desnaturalizado exparamilitar, estas bestialidades eran parte de un entrenamiento para “probar finura”, jerga bajomundera que significa evaluar la capacidad para cometer un crimen o una aberración.  De esa manera también aprendían a desaparecer incontables cantidades de cuerpos.  Villalba dice que presenció tres veces las instrucciones de descuartizamiento, para las que se tomaban campesinos en zonas de influencia guerrillera o a veces de cualquier parte, al azar, y se los subía en camiones para ser trasladados a unas fincas con cuartos oscuros, sin recibir alimentos por días.  Luego eran sacados y obligados a tenderse en el suelo para servir de conejillos de indias a los desalmados aprendices.  La primera vez que Villalba asistió a las instrucciones de descuartizamiento fue en la finca La 35, en el municipio de San Pedro de Urabá.  Uno de sus “instructores” fue el desaparecido paramilitar Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, cabecilla del bloque Metro de las AUC, la misma escuadra paramilitar por la que se acusa a los Uribe Vélez y a otros de sus allegados, de ser sus fundadores. 

Las motosierras se convirtieron en símbolos del horror paramilitar, en las versiones más perversas de las “uñas de gato” medievales; su sonido aún rechina en la memoria de quienes presenciaron las masacres, torturando sus almas.  Esos testigos casi siempre eran los propios familiares de las víctimas, obligados a escoger entre ver o correr el mismo destino.  Querían dejar testimonios vivos que ratificasen la crueldad de aquellas tropas de la muerte.  Ser hombre, joven y campesino constituía ya un perfil amenazante, sobre todo en zonas calificadas como de territorio enemigo.306 

En los memes —las piezas visuales con contenido satírico y a veces negro— se representa a Uribe con una motosierra.  La explicación vendría a sobrar.  El terror era un elemento indispensable en las actuaciones criminales del paramilitarismo, antigua y condenada (por el derecho internacional) práctica de guerra que tiene como fin triturar la psicología del enemigo.  Con este se pretendía escarmentar y ahuyentar todo lo que oliera a guerrilla o a ideas políticas distintas a las de derecha y lanzar un aviso categórico sobre la sociedad: si comulgan con el pensamiento de izquierda, les pasará lo mismo (aunque las víctimas no tenían relación con esas ideas ni con las guerrillas, como lo establecieron las diferentes investigaciones y sentencias).   

El fin no era solo matar, eso habrían podido hacerlo con un tiro de gracia; el fin era demostrar de qué eran capaces, aplicando —casi un milenio después— la misma lógica de los más brutales invasores de la historia, como la del mongol Genghis Kan, cuando al arrasar el primer pueblo levantaba inmensas pirámides con las calaveras de los muertos, con el fin de que en otras poblaciones, al ver esto, su voluntad se desmoronara.  Acciones de esa naturaleza también eran emprendidas, entre otras tribus, por algunos vikingos, consumiendo en llamas a los pueblos que oponían resistencia y ejecutando el consecuente pillaje y rapto final de mujeres.  Los pueblos francos y sajones llegaron a tenerle pánico a estas hordas de guerreros nórdicos.  Ivar Ragnarsson “El Deshuesado”, emblemático vikingo, tenía por afición crucificar a los católicos que encontraba a su paso, en su propósito de hacer imperar el paganismo. 

La Masacre

 
Francisco Villalba llegó a comandar una veintena de hombres como jefe del bloque Toledo; es en ese periodo cuando sucede la masacre.  Los atormentantes gritos de los descuartizados, vivos en su memoria y dueños de sus pesadillas, espoleaban su conciencia y se convirtieron en los conducentes de su entrega voluntaria a las autoridades, tres meses después de la matanza.307 

 
El exparamilitar iba pagando casi nueve años de su condena, la cual estaba en suspensión debido a su vinculación a la ley de Justicia y Paz, con la que empezó a colaborar revelando la ubicación, en lugares insospechados, de varias fosas comunes que contenían osamentas de las víctimas de las AUC; aceptando su participación y esclareciendo lo sucedido en masacres como la de El Aro (diecinueve muertos), Colosó (dieciséis), Segovia (cuarenta y uno) y Pueblo Bello (cuarenta y tres).308  El 12 de noviembre de 2008, Villalba asiste a la Comisión de Acusación de la Cámara de representantes para ampliar y ratificar —bajo gravedad de juramento— sus señalamientos contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez; señalamientos que había hecho en la fiscalía en febrero del mismo año y que aluden, entre otros temas, a una supuesta reunión celebrada en una finca de la vereda La Caucana, en el municipio de Tarazá-Antioquia, para planear la masacre del Aro: …“en la reunión en que se planeó la acción sobre El Aro estuvieron presentes Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, El Negro Ricardo, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los veintidós hombres que yo tenía bajo mi mando».   A la reunión también habrían asistido altos mandos de la IV Brigada del Ejército, así como de la Policía. 

 
Sostiene que luego del asesinato masivo se llevó a cabo otra reunión donde se hallaban varios jefes paramilitares junto a Santiago Uribe y su hermano, quien siendo gobernador de Antioquia “nos felicitó y todo a nosotros”.  Añade que esa operación se realizó para rescatar a varios secuestrados, entre ellos, a Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe: … “Si él no hubiera estado secuestrado, esa masacre no se hace”.  “Supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos.  Ahí llegó con un escolta, de apellido Serna’’ 

Describe cómo el helicóptero de la gobernación sobrevoló la zona durante la masacre, un hecho en el que coinciden algunos exparamilitares, vecinos del corregimiento y algunos sobrevivientes como Rosa María Posada, esposa de Marco Aurelio Areiza, el tendero del pueblo que bordeaba los setenta años de edad.  A Rosa le obligaron a preparar un sancocho309 para “Los Mochacabezas”, mientras a su conyugue le cortaban la lengua, le arrancaban el corazón, los ojos, los testículos, cercenaban su miembro viril y lo ponían en su boca, y colgaban su cuerpo en un palo a la vista de todos, cual mástil de un navío del infierno.310 

 
Afirma que el hermano de Álvaro, Santiago Uribe, le ofreció hombres para esa operación, contestándole que sus veintidós hombres estaban bien preparados para este tipo de actos, aunque se los había aceptado para otra masacre, la de La Balsita, que dejó dieciocho personas demencialmente asesinadas con iguales métodos.  En el caso de esa masacre también declaró contra el teniente del Ejército Juan Manuel Grajales García, condenado a veintitrés años de prisión por homicidio agravado y secuestro. Dice también que Santiago es “el dueño” del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.  En cuanto a la inusitada carta de retractación, indica que es falsa: “Yo nunca me voy a retractar, yo lo que dije me quedo ahí, si me van a matar que me maten”.  Y sobre otra carta dirigida al presidente Uribe, en la que el paramilitar alias Junior dice que Villalba no fue autor intelectual ni material de la masacre, responde que en la cárcel les propusieron a varios desmentir sus acusaciones, y que el único que aceptó fue Junior: “Hay una contradicción del señor Junior311.  Él dice que yo no participé en la masacre de El Aro.  Si yo no participé entonces por qué estoy detenido, primero que todo porque me hicieron reconocimiento los familiares de las víctimas…”, explica.  Asegura que a otro testigo contra Uribe en este mismo caso lo sacaron de la cárcel y lo desaparecieron: … “(José Ardila) estaba declarando en contra de Álvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a sesenta años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’.  Ardila pertenecía, según Villalba, a las Convivir.  Luego dice que los investigadores del CTI, quienes grabaron sus declaraciones en cintas magnetofónicas y en las que quedaron registrados las presuntas culpabilidades de Santiago y Álvaro Uribe en este mismo caso, fueron asesinados en septiembre de 1999. 

 
Con respecto al “helicóptero amarillo de la gobernación”, Villalba manifestó que estuvo sobrevolando la región después del ataque: “Me comuniqué con Carlos Castaño y él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el gobernador”, replicando el interrogador que no hay registro del vuelo del helicóptero de la gobernación en la zona durante los días de la acción paramilitar, a lo que contesta: “el monopolio del país, el monopolio que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso como que está echando mentiras, yo siempre he pedido una veeduría internacional…”.  Luego afirma —como todo testigo contra los Uribe— que ha sido objeto de varios atentados y agrega: … así me maten que lo logren hacer van a callar (sic) pero las pruebas saldrán después… Son muchas pruebas que hay ocultas que muy pronto van a salir”. 

 
Pasado un tiempo, en una entrevista para Noticias UNO, aseguró tener un video y unas fotos de Uribe condecorándolo por esa masacre: “él me dio la decoración (sic), y se lo digo de frente, él me las dio las decoraciones (sic), me dio la felicitación y simplemente yo digo, le digo al país: esperen el video, las fotos, y yo presento eso”.  Pero las supuestas pruebas nunca salieron a luz porque otra vez, como protagonista habitual de los procesos donde se acusa a Álvaro Uribe Vélez, aparecía la muerte para arrebatárselas: el 23 de abril de 2009, cuatro meses después de su ratificación en la comisión de acusaciones de la Cámara y quince días luego de su excarcelación, las balas de dos hombres en moto perforaron el cuerpo del “maestro descuartizador de los paramilitares”, delante de su mujer e hijos en el municipio antioqueño de La Estrella.  La tercera fue la vencida: lo habían intentado matar dos veces después de haber declarado contra Uribe: la primera, cuando una puñalada pasó a milímetros de su corazón; la segunda, cuando en una Pony Malta312 le mezclaron cianuro, pero lograron salvarlo. 

 
La defensa de Uribe había esgrimido sin sonrojo que las inculpaciones de alias Cristian Barreto eran un complot, y que en este caso, sus enemigos de siempre, intentaban sobornar al testigo para que destruyese la inmaculada honorabilidad y bonhomía del mandatario y prócer eterno: apareció en el escritorio presidencial —profanando cualquier protocolo de radicación, envió o entrega de la cárcel o del palacio de Nariño— una carta de Libardo Duarte, alias Bam-Bam, un exparamilitar que purgaba condena junto a Villalba en La Modelo.  En ella, Bam-Bam le informaba al presidente que Villalba le estaba ofreciendo doscientos cincuenta millones de pesos para salpicarlo con la masacre del Aro.  El supuesto fin de su generoso ofrecimiento era corroborar la versión de Villalba para hundirlo.  Días atrás, el 24 de abril de 2008, exactamente un año antes del asesinato del testigo, salía en el DAS un memorando reservado que decía que Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell estaban recolectando quinientos millones de pesos para dárselos a Francisco Villalba a cambio de enlodar al entonces presidente. 

Se llegó a comprobar mediante análisis grafológico que la carta de Bam-Bam, al igual que la falsa retractación de Villalba, también había sido escrita por la mano de Chucho Sarria.  El plan se les cayó y se iniciaron investigaciones, comprobándose que el memorando era un documento que se redactó en el DAS para justificar seguimientos ilegales contra los opositores políticos Piedad Córdoba, Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell, para filtrarlo a los medios de comunicación con el fin de desacreditarlos.313  Estos fueron exonerados. 

Caso «Chuza-DAS» y su relación con Villalba

 
Según la versión del exdirector de Inteligencia del DAS Fernando Alfonso Tabares Molina, por esa misma época el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, les señalaba a él y a la directora María del Pilar Hurtado que esas tres personas y la Corte Suprema de Justicia eran los blancos de mayor interés para el presidente de la República.  Estas actividades ilegales eran solo una de las muchas aristas que compondrán el escándalo de los seguimientos, interceptaciones ilegales, terrorismo de estado, persecución y feroces campañas de desprestigio contra quienes criticaban o se oponían al proyecto político de Uribe, conocido como las “chuza-DAS”, el cual arrojó decenas de condenados, aunque, como siempre, el rastro de las investigaciones se detuvo cuando se topó con la suela del zapato de Uribe, a pesar de que el DAS era una entidad adscrita al ejecutivo, siendo el presidente su jefe directo. 

Uribe y el asesinato de Jaime Gazón y otros recordados personajes

Francisco Villalba Hernández, “El Descuartizador”, también había brindado declaraciones que comprometían a Álvaro Uribe Vélez en el asesinato del inolvidable crítico y humorista Jaime Garzón Forero: “(en noviembre de 1997) estaban Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso, ‘Monoleche’, ‘Junior’ mi persona, el general Ospina, el mayor Parra, el patrullero Acuña, estaba José Serrano, Álvaro Uribe, Santiago Uribe, en una reunión en La finca La Marranera”, aseguró el exparamilitar cuyo testimonio fue trasladado al proceso que se adelantaba contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, nombrado en esa entidad por Álvaro Uribe Vélez y luego condenado por ese y otros crímenes.314  … “El que más dio bomba para asesinar a estas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y el general Ospina”, precisa uno de los apartes de su declaración.”  Según Villalba, la última palabra la tuvo Carlos Castaño, algo concordante con las sentencias de la justicia sobre aquel magnicidio.315  De esa misma reunión, supuestamente llevada a cabo en noviembre de 1997 en San José de la Montaña, Antioquia, también habría salido la orden de matar a los abogados y defensores de derechos humanos José Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo.316  En los asesinatos de estos dos líderes sociales aparece el mismo modus operandi: Sicarios irrumpiendo en sus oficinas luego de denunciar los vínculos entre funcionarios estatales, paramilitares, miembros de la fuerza pública y de organismos de inteligencia, así como sus acciones delictivas; intentos de desviación de la investigación, la calificación de crímenes de Estado y de lesa humanidad que impide su prescripción, pero una larga y espesa impunidad.  Villalba declaró que en la reunión también se encontraba un sargento del Ejército y el comandante de Policía del pueblo.  “Un moreno que estaba en la base de (la finca) La Carolina, en la entrada de los Llanos de Cuivá”; el mismo predio señalado de haber sido la base del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y propiedad de los hermanos Uribe Vélez para esas épocas.  El asesinato de Umaña lo provocó la investigación que le estaban haciendo a un coronel por conformación de grupos paramilitares, según narró el testigo.  En el hecho también habrían intervenido un mayor de la SIJIN y un hombre de Medellín apodado “Pacho”.  Villalba amplia detalles sobre los sicarios escogidos para matar a Umaña Mendoza.  Nombra a dos hombres y una mujer.  Efectivamente, dos hombres y una mujer fueron los que lo asesinaron en su oficina al medio día del 18 de abril de 1998.  El entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez admitió que la Brigada Veinte podría estar implicada en el crimen.  Además de este testimonio, una informante llamada Yolima Guáqueta también testificó que el crimen de Umaña había sido organizado por miembros del Ejército.  Otros testimonios, como el del exjefe paramilitar Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca, concuñado de Carlos Castaño, relaciona el asesinato de Umaña y de otros recordados personajes con militares como el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, a quien conoció a través del general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XIII, y de Carlos García Fernández alias Doble Cero.  Otra declaración de alias Don Berna señaló que la orden de asesinar a Umaña la dio Carlos Castaño.  A lo anterior se suma un informe del CTI de abril de 2009, según el cual existen bastantes similitudes entre el homicidio de Eduardo Umaña y los crímenes de los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado, lo mismo que en el magnicidio del periodista Jaime Garzón.  Más de cuatro lustros después, el asesinato del recordado abogado y defensor de derechos humanos, José Eduardo Umaña Mendoza, aún sigue en la impunidad.  En el caso del magnicidio de Jaime Garzón no deja de llamar la atención que tres personajes condenados por distintos delitos e involucrados en ese crimen hayan sido también tres oscuros personajes del círculo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.  Los tres hombres son: el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, condenado por ser el determinador de su homicidio y nombrado por Uribe como asesor en el Ministerio de Defensa y luego como subdirector del DAS; el general Rito Alejo del Río, quien, según las investigaciones y testimonios, actuó con la autorización de Narváez para filtrar la información sobre contactos, horarios, movimientos y rutas  de desplazamiento de Garzón a los sicarios; y el general Mauricio Santoyo Velasco, quien, según los procesos judiciales, fue participe tanto de su plan de asesinato como de la desviación de la investigación, y al que luego Uribe nombraría como jefe de su cuerpo de seguridad, y que terminó extraditado a EEUU por sus nexos con el narcotráfico.   “Aunque la sentencia no declaró delito de lesa humanidad el asesinato de Garzón, el documento sí fue implacable en establecer la responsabilidad de Narváez Martínez, y dejó un espacio de interpretación para determinar que existe un mando superior que puede estar involucrado en este horrible crimen”, dice el periodista de investigación Yohir Akerman.317 

Miembros del Ejército, sobre todo los de la cuarta brigada, también colaboraron con los paramilitares para efectuar la abominable masacre de El Aro, abriéndoles el paso y una vez estando allí, cercaron las vías de acceso al pequeño poblado.  Así garantizaban que el plan se cumpliera a cabalidad.  La justicia sólo abrió investigación penal a dos militares: al teniente del Ejército Everardo Bolaños Galindo, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá; y al cabo primero Germán Alzate Cardona, conocido como ‘Rambo’, prófugo de la justicia.  A ambos, la Procuraduría General los destituyó y sancionó disciplinariamente por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión paramilitar.  Como se observa, son solo militares de bajo rango, pues el 10 de agosto de 2001 la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la cuarta Brigada para la época, y luego hizo lo mismo con el proceso al que estaba vinculado el teniente coronel Germán Morantes Hernández, excomandante del Batallón Girardot, con jurisdicción en el norte de Antioquia.318   El ahora coronel (r) Morantes era quien tenía a cargo en los años noventa el Centro de Operaciones La Marconi, en Yarumal.  Es testigo en el caso de los Doce Apóstoles a favor de Santiago Uribe, asegurando que no recuerda las masacres, pese a haber sido una de las autoridades de esa región.  La fiscalía lo investiga por presuntos nexos con paramilitares como ”Doble Cero” y ”HH”.  La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín ordenó investigarlo por sus presuntas relaciones con el narco-paramilitarismo.   En 2002, Uribe nombró a Ospina Ovalle como comandante del Ejército, en 2003 lo nombró comandante de la Fuerzas Armadas y varias veces lo condecoró.  Entre los años 2002 y 2008 se produjo el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país (falsos positivos).  En ese mismo lapso, Uribe nombró a Jorge Enrique Mora Rangel como comandante general de las Fuerzas Militares.  Los dos representantes castrenses se habían desempeñado como comandantes de la Cuarta Brigada con jurisdicción en Antioquia durante el periodo en que Uribe Vélez fue gobernador de ese departamento. 

En 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar a Álvaro Uribe por las masacres del Aro y La Granja;319 en 2018, el tribunal de Antioquia hizo lo propio.320  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la nación por ese mismo hecho321, concluyendo que el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, del desplazamiento forzado de campesinos, de los vejámenes a que fueron sometidos los habitantes, debido a que no tomó las medidas necesarias para evitar lo ocurrido o detener al grupo armado ilegal que perpetró las masacres, a través de los miembros de la fuerza pública y autoridades que hacían presencia en la región.  

La defensa de Uribe en el caso Villalba se centra en socavar la credibilidad de los testigos y sus declaraciones; por ejemplo, dijeron que otros paramilitares como Monoleche aseguraba que Villalba no perteneció a las autodefensas como mando medio; no obstante, las condenas en su contra promulgadas por la justicia colombiana y la de la CIDH muestran lo contrario.  Si bien los testimonios de Villalba presentan algunas inconsistencias en fechas y nombres, la columna vertebral de ellos se mantiene incólume y los hechos proponen varios interrogantes: 

 
Si además del testimonio de Villalba, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo en su versión libre del 16 de noviembre del 2008 que “un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló El Aro durante la masacre”, así como los testimonios de otras personas del área circunvecina que aseguraron haber visto el helicóptero fisgoneando la matanza cual ave carroñera, ¿Por qué entonces la defensa dice que no hay constancia de que el helicóptero de la gobernación estuvo en El Aro durante la masacre, “porque no aparece en los registros de la gobernación”? ¿Por qué en esa misma declaración afirma que el entonces secretario de Gobierno de la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, se enteró de lo que iba a pasar en El Aro en una de al menos diez reuniones que tuvo con Carlos Castaño y con el mismo Salvatore Mancuso en Tierralta, Córdoba, previa a la masacre, dado que “Moreno había pedido personalmente a Castaño una cita para hablar sobre la creación de las Convivir de Urabá”, de las que fue uno de los máximos defensores en Antioquia? ¿Por qué no hubo la obligatoria prevención, protección y/o reacción de las autoridades militares y de policía que estaban bajo mando del gobernador Uribe?  ¿Por qué, a pesar de estar condenado, a Villalba se le otorga el privilegio de casa por cárcel inmediatamente después de sus reafirmaciones contra Uribe, y por qué no se le brindó la debida protección siendo un testigo de tal envergadura en un caso de tal envergadura? ¿Por qué el apoderado de Uribe, el famoso penalista Jaime Lombana, guarda silencio y da media vuelta al ser confrontada la falsa retractación de Villalba con las pruebas grafológicas? ¿Por qué, como lo indican los informes de inteligencia, Uribe estuvo indagando a través del DAS sobre Villalba antes de su asesinato?: “Martha, es necesario saber quién es Francisco Villalba, miembro de las Auc quien se encuentra detenido en Itagüí y al parecer tiene algo que compromete al jefe.  Será que los amigos de la reunión saben algo de él y lo que tiene.  Me avisas con info a la sra directora”.  Ese fue el mensaje de correo electrónico que el exdirector de inteligencia Fernando Tabares envió a Martha Inés Leal, subdirectora de operaciones del DAS, y a la directora María del Pilar Hurtado, a las 6:30 de la tarde del 23 de abril del 2008, el mismo día de la declaración de Villalba.  Los “amigos” a los que se refiere Tabares son el exparamilitar alias Job y su acompañante, el abogado Diego Álvarez, con quienes Leal se reunía en la Casa de Nariño.  Job también fue asesinado poco antes de revelarse públicamente esas reuniones, en las que se urdió un montaje contra la Corte para desprestigiarla por sus investigaciones de la parapolítica, especialmente al magistrado Iván Velásquez Gómez, quien tenía en su despacho la investigación de Mario de Jesús Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe y entonces flamante presidente del Senado de la República. La única testigo del asesinato de Job, Lina María Castaño Cadavid, tuvo que exiliarse en EEUU luego de salir herida en un atentado donde murió su escolta, un policía que le había sido asignado.

 
Los hechos se han vuelto repetición, la repetición, costumbre; la costumbre, peligrosa normalización del crimen de Estado y ésta ha tomado visos de legitimidad en una sociedad pasiva que parece impermeable frente a sus graves implicaciones, una de ellas, quizá la peor, la impunidad con su vástago, la vivencia cíclica.  La coreografía la dirige una vieja e incambiante batuta y configura notables patrones de conducta: repentinas cartas con falsas retractaciones y acusaciones contra sectores de oposición y periodismo críticos, saltándose los protocolos de ley; testigos asesinados, personajes de su entorno más cercano investigados o condenados, manejo del poder de la prensa privada como relacionista público y lavadero de imagen de Uribe, por ejemplo, con un gran despliegue mediático cuando los testigos voltean sus declaraciones en su favor o presentan cartas con dudosas retractaciones, pero muy tímido, apocado, fugaz y superficial cuando estos personajes declaran o se retractan en su contra; testigos que teniendo largas condenas quedan en libertad condicional, sin protección, y luego son ultimados por matones; uso de las instituciones del estado con fines personales y delictivos, y la inefable e inexcusable somnolencia judicial, cuando de andar los caminos que apuntan a Uribe como el presunto cerebro de estos andamiajes delictivos, se trata.  El mismo molde calzará para la historia de Jesús María Valle Jaramillo, un connotado defensor de Derechos Humanos, oriundo de La Granja, corregimiento de Ituango, Antioquia: 

 
“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño.  Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país”.  Al siguiente día de esta declaración fue acribillado por sicarios que irrumpieron en su oficina del cuarto piso del edifico Colón, en pleno centro de Medellín. 

A finales de 2018, el Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar a Álvaro Uribe Vélez por el crimen de «La Dignidad de Antioquia»; como se le conocía al abogado Jesús maría Valle. Dos semanas después de este fallo, Luis Fernando Otálvaro, presidente del sindicato de funcionarios judiciales ASONAL, denunció que los jueces que ordenaron investigar a Uribe fueron amenazados, por lo que reclamó del Gobierno nacional la aplicación de una mayor seguridad para estos y todos los jueces y fiscales amenazados o intimidados: … “allí no se juzgó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, simplemente se recolectaron unas pruebas y se le está pidiendo a su tribunal natural, que es la Cámara de Representantes, que investigue las conductas en que posiblemente haya podido incurrir el expresidente, al igual que otras autoridades, en especial vinculadas con la Policía Nacional, como también a la clase dirigente, no sólo de Antioquia sino de Colombia, que está vinculada a la financiación del paramilitarismo”, dijo Otálvaro.

Nota final: Desde luego, aquí no acaban los casos o las pruebas. Casi una veintena de testigos asesinados, con sus respectivas descripciones, no se pueden consignar sino en un extenso libro.  El reconocido periodista de investigación Julián Martínez, se refirió a los casos de los testigos contra Uribe asesinados de esta forma: «Todos esos muertos terminan, casualmente, beneficiando jurídicamente a Álvaro Uribe Vélez».

 

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Epicuro de Samos
Acerca de Epicuro de Samos
Un joven del común, preocupado por la situación económica, política y social de nuestro país. Activista político en redes, por el despertar de la conciencia colectiva de la sociedad colombiana. “Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni, al llegar a viejo, de filosofar se canse. Porque, para alcanzar la salud del alma, nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven.” –Epicuro