El mesías y los Doce apóstoles

Un bello cuadro renacentista engalana los comedores de casi todos los hogares colombianos, la pintura de Da Vinci titulada “La última cena”.  Sus protagonistas: Jesucristo junto a sus doce apóstoles, cenando, discutiendo y sopesando, horas antes de la aprehensión del redentor traicionado por Judas.  Pero la adaptación criolla del pasaje bíblico es algo particular, sus suelos no son tapizados por la ardiente arena de Israel sino por los fríos pastizales de las montañas nordeste-antioqueñas de donde surgen altivas tapias de barro afincando las moradas del viejo pueblo de Yarumal.  Estos apóstoles cargan bajo sus atuendos subametralladoras, pistolas, revólveres, sofisticados equipos de comunicación radial y una “lista negra”.  Se transportan en automóviles camperos o camionetas 4×4 y su precepto “divino” no es precisamente amar al prójimo.    

  

Usurpando la voluntad de Dios, deciden quién y cuándo debe morir.  Pedro, Juan, Jesús, Santiago —al igual que en el pasaje bíblico— son algunos de sus integrantes; Santiago es el líder, pero su hermano Álvaro es el mesías, como lo ve buena parte de la sociedad colombiana, especialmente la antioqueña.  Un mesías protector y encubridor.    

  

El 29 de febrero de 2016 fue una fecha excepcional, no porque el bisiesto le sumó un día al mes sino porque Santiago, el hermano del “todopoderoso”, era detenido por efectivos de la fiscalía general de la nación tras una orden de captura por la conformación del grupo paramilitar conocido como “Los doce apóstoles” y por el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera.  Era la primera vez en la historia del país que un hermano de un expresidente era llevado a prisión por la justicia.  Santiago fue traslado al bunker de la fiscalía en Medellín bajo los cargos de concierto para delinquir, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado.    

  

En 2010 Juan Carlos Meneses Quintero, un mayor retirado de la policía, afirmó que Santiago Uribe era el jefe de esa banda, distinguida, entre otros aspectos, por la sonoridad de su evangélico rótulo, debido a que Gonzalo Javier Palacio Palacio, un cura antioqueño, era pieza integral de ella.  Añadió que su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tenía pleno conocimiento y apoyaba estas actividades.  Santiago Uribe también es acusado por algunos testigos (integrantes de la banda) de ser el determinador del asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, quien era señalado de colaborar con la guerrilla transportando en su bus escalera víveres para esos grupos que se asentaban en zona rural del municipio de campamento.    

  

Las declaraciones salieron a la luz desde Argentina, luego de un tiempo de clandestinidad de Meneses, donde se refugió para preservar su vida, dado que cuando se reabrió el caso de este grupo paramilitar, por las confesiones que algunos exparamilitares rendían ante Justicia y paz, a Meneses le empieza a suceder una serie de acontecimientos que le despiertan sospecha y luego lo obligan a exiliarse: Siendo mayor de la policía es trasladado a Saravena-Arauca, una de tantas regiones del país que son consideradas zonas rojas, es decir, donde se presenta una complicada situación de orden público y violencia.  Se dice que a estas llamadas zonas rojas son trasladados miembros de la fuerza pública como una especie de castigo por alguna falta o cuando estos le son incómodos a algún superior, pero Meneses no tenía ningún problema con sus compañeros o jefes.  Pensó inmediatamente que su amigo, el presidente de la república, con una sola llamada de su hermano Santiago, podría solucionarle el problema cambiándolo de lugar, pero Santiago, en tono adusto, le contestó que a él ya le habían cumplido ayudándole en dos ocasiones cuando tuvo problemas jurídicos (por el caso de Los doce apóstoles), y que su hermano no quería saber más del tema.  Como un baldado de agua helada le caía la respuesta de Santiago, y sin tener a quién más acudir, acepta el traslado.  Era muy extraño que a un mayor decidieran trasladarlo a ese lugar, ya que allá solo enviaban policías de menor rango que el suyo.  Meneses llegó a Saravena, designado para reemplazar a un comandante de la policía que había sido asesinado por la guerrilla una semana atrás.  El siguiente —sin duda— sería él.  Meneses seguía sin entender porqué lo habían enviado a un lugar donde el peligro para su vida era inminente; piensa en su esposa y sus cuatro hijos, uno de ellos bebé, y decide que lo mejor es hacer uso del buen retiro para vivir tranquilo junto a su familia, pero esa soñada tranquilidad empezó a volverse desasosiego cuando en una de tantas casas donde vivió, dejaban bajo la puerta sufragios con su nombre, seguidos de la oración: “Muerto por sapo”.  Cuando se fue a vivir a Buga, su pueblo natal, vio unas camionetas de vidrios oscuros cerca a su casa, y a sus ocupantes preguntando a los ciudadanos dónde vivía; las amenazas a su teléfono fijo y a su celular se volvieron iterativas; cambiaba de número pero en pocos días volvían las amenazas: “’Sapo hijueputa, te vamos a matar’.  Eso era constante”, cuenta Meneses.  Dos de sus mejores compañeros, también mayores de la policía (César Mauricio Miranda Sarmiento y Eduardo Ramírez Rozo), quienes para el momento eran miembros de la escolta personal del presidente, le cuentan que lo quieren matar por lo que sabe de Los doce apóstoles: “Oiga Yarumal, cuídese que el presidente está escamoso, el presidente sabe que usted sabe demasiado”.  Juan Carlos Saavedra, su abogado, quien se adentraba en los círculos políticos y militares y mantenía muy bien informado, también le había advertido: “ojo que Uribe está puto con usted, acuérdese que él, a todo el que le sepa cosas, intenta eliminarlo”.  Meneses se da cuenta que casi todos los testigos en este caso han sido asesinados y que quedaban él y el excapitan Benavides, pero este es un hombre demasiado cercano y fiel al presidente y a su hermano.  Era Meneses, el potencial testigo, sobre quien recaía la desconfianza de los Uribe, y comprende que la orden de su muerte está dada.  Decide entonces salir del país con su familia. 

 

El mayor retirado dio su testimonio delante de unas ONG internacionales de Derechos Humanos y de personalidades argentinas como el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien valida las declaraciones ya que “Meneses se está autoincriminando” y deja en claro que las autoridades colombianas deben hacer justicia en este caso o que se acudirá a instancias internacionales.  Luego de un mes fue publicado un extenso artículo del portal estadounidense The Washington Post, que recoge las declaraciones.  El 27 de mayo de 2010, tres días después de las revelaciones de Meneses en Argentina, Uribe, siendo presidente, dijo que su hermano era víctima de persecución solo por ser su familiar, y que le llamaba la atención la capacidad de los criminales para convertir en idiotas útiles a un premio Nóbel de paz (Esquivel) y a un sacerdote (Javier Giraldo, un cura antioqueño y defensor de derechos humanos, quien ayudó a Meneses a contactar a Esquivel).  

  

Es testimonio del Meneses fue clave para reabrir el proceso contra Santiago Uribe alias “El abuelo” en la organización.  Santiago creía haber enterrado sus aprietos judiciales en las fosas del pasado, pero Meneses los ha revivido y junto a sus testimonios han aparecido otros que refuerzan las acusaciones.  Luego de sus declaraciones en el país gaucho, la fiscalía colombiana, en cabeza de Guillermo Mendoza Diago, delega un funcionario (Hernando Castañeda) para recibir sus denuncias, las cuales se harían en el consulado de los dos países, en Buenos Aires.  Desde las ocho de la mañana cumplía la diligencia que tenía lugar en la oficina privada del cónsul, pero el fiscal no hacía preguntas concretas sobre su caso sino que parecían diseñadas para perder tiempo, desviar el contenido de su testimonio inicial y al final quedarse con una ratificación poco creíble.  En plena diligencia sonaba insistentemente el teléfono fijo del cónsul, Ignacio Ruíz Perea, visiblemente nervioso pasa a atender la llamada, habla en voz baja, con monosílabos, como quien no puede hablar: “Ah”, “Sí”, “Sí, señor”; “Aquí están”; “En la diligencia”, “Bien”, “Bueno”.  Incluso se va detrás de su escritorio, pero como la división es de vidrio, se logra oír al final de la incómoda conversación: “Que esté muy bien, señor presidente”.  Meneses y el abogado de las víctimas, Daniel Alberto Prado Albarracin, se alzaron a ver sorprendidos y el fiscal delegado quiso seguir como si no pasara nada, pero Prado le preguntó sí sabía con quien habló el cónsul, respondiéndole que él no había escuchado nada.  Meneses y el abogado le dijeron que era el presidente, pero el fiscal evadió el tema y continuó con el interrogatorio.  Si fue Uribe, muy grave que el representante del poder ejecutivo se haya entrometido de forma tan impúdica en las funciones del poder judicial.  Parece que la única ley que respeta Uribe fuera la “ley del todo vale”. 

  

Santiago, de igual nombre que el discípulo de Cristo, nació en 1957, es el tercero de seis hermanos.  “Cuando sea grande quiero ser el hermano del presidente”, repetía de niño después que su hermano Álvaro decía que “sería el presidente”.  Compensa su delgadez y baja estatura con un recio carácter que para algunos es agrio.  Se autodefine como un hombre de campo, amante de los toros y los caballos —sus hobbies predilectos— al punto de ser un afamado criador de toros de lidia y de magníficos ejemplares equinos de paso fino colombiano.  Tiene estudios en veterinaria y tecnología agrícola.  Cuando murió su padre tomó responsabilidad en la parte agropecuaria de su herencia familiar, logrando estabilizar y acrecentar sus finanzas.    

  

Desde 1994 el nombre del ganadero, caballista y criador taurino, es mencionado en varias oportunidades en las investigaciones y procesos, sabiéndolos sortear con relativa facilidad gracias al poder y la influencia política de su hermano, dictaminándosele —por el caso de Los doce apóstoles— dos autos inhibitorios, uno el 8 de mayo de 1996 y el otro el 29 de febrero del 2000 (aunque ni en Colombia ni en ningún país del mundo se dictan autos inhibitorios cuando en la investigación hay desparecidos y por ende el proceso se continúa, y en este caso hay decenas de desaparecidos).    

  

“La Carolina” es una hacienda ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, en los llanos del Cuivá, propiedad de la familia Uribe Vélez en los años ochenta y noventa.  Varios cientos de hectáreas de ideales suelos para la agricultura y la ganadería la conforman.  Caballerizas y un criadero de toros de casta llamado “Ganadería La Carolina”, un orgullo antiqueño para los aficionados a la tauromaquia, se integran al paisaje.  Los mejores toreros del mundo lidiaban con la bravura y fiereza de las bestias marcadas con el hierro de La Carolina, liquidada a inicios de 2015.  Pero la hacienda no solo es recordada por esas glorias taurinas sino por ser base de entrenamiento de paramilitares y epicentro de asesinatos, torturas y desaparición de personas, al igual que otras haciendas y propiedades de los Uribe Vélez.  Así lo afirma Meneses, el mayor retirado de la Policía y exintegrante de Los doce apóstoles en una entrevista para la reconocida periodista de investigación, ganadora del premio nacional de periodismo Simón Bolívar, Olga Behar, quien basada en su testimonio escribió el libro “El clan de los doce apóstoles”, publicado en 2011:    

  

“Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados.  Usted pensaba, “es ejército”, pero no, al mirarles los fusiles R15, o al verles el fusil AK 47, se daba cuenta de que no eran soldados, esas son armas que el ejército no manejaba.  Me vi varias veces con Santiago Uribe allí en su hacienda.  Los dos primeros encuentros fueron reuniones más bien formales, que se realizaron en la sala de la finca.  En la tercera ocasión, Santiago es muy cordial.  Me invita a conocerla porque, dice, que le he colaborado mucho.  Lo primero que me muestra son unos radios de comunicación, unos radios portátiles y otros con bases.  Me dice: “Esto es para comunicarme con los grupos míos”.  Y en la misma hacienda La Carolina me muestra una plaza de toros, de esas de toros de lidia, de toros miura, ahí es donde los preparan para las corridas de toros.  Lo que me sorprende es cuando bordeamos la plaza de toros; detrás de ella me muestra una pista de entrenamiento para paramilitares, de las mismas que usa el ejército, de esas que conocemos los soldados y policías que tienen diferentes tipos de obstáculos, la escalera, la telaraña.  Él me dice: “Mira, aquí es donde entreno a mis muchachos”.  Allí era donde entrenaban físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe.  Yo estaba aterrado, impactado, porque mientras íbamos caminando por los terrenos, muy bonitos y bien cuidados, me decía que políticamente él estaba muy bien conectado, tanto así que su hermano, que había sido senador, tenía segura la Gobernación de Antioquia.  Me decía que tenía el apoyo de todo el mundo y yo entonces pensaba: “Esto está orquestado con todo el Gobierno, está amparado con los altos mandos militares” … “Luego del recorrido, ingresamos a la sala de la hacienda, un lugar muy bonito, tiene dos pisos y ventanales amplios.  Allí, Santiago me dice que me quiere mostrar una lista.  La saca del carriel —él siempre andaba con un carriel trenzado, al igual que con su poncho, botas de cuero y un sombrero— Al abrir el carriel, vi que tenía un radio portátil.  Me la muestra y me dice: “Éste es el listado de personas que hay que acabar.  Usted aliménteme este listado y yo le suministro también información.  De tal forma que estemos sintonizados para saber quiénes son y quiénes son los que siguen. —La lista estaba escrita a mano, algunos nombres estaban tachados. Supongo que ya habían sido asesinados—: “Mire, éstos son los que siguen, ellos poco a poco van cayendo.  La hacienda La Carolina siempre la cuidaban paramilitares, incluso cuando estuvo el coronel Benavides a cargo del comando de policía de Yarumal.  Es en ese lugar donde asesinan a una persona, a Vicente Varela.  Después dirían que la guerrilla había ido a atacar la hacienda, pero la guerrilla no iba a ser pendeja de ir a atacarla, porque sabía que estaba cuidada por gente fuertemente armada y con la orden de responder ante cualquier sospecha. Santiago tenía sintonizadas todas las fincas, las tenía intercomunicadas, ahí no le iba a llegar guerrilla tan fácilmente”.    

  

El relato del expolicía y exparamilitar a través del libro es extenso, en él narra pormenorizadamente los hechos ocurridos desde que fue trasladado a Yarumal para reemplazar a Pedro Manuel Benavides, el capitán que estaba al mando del puesto de policía de ese municipio y que hacía parte también de Los doce apóstoles.  De su relato se desprenden muchos nombres de asesinados en esa hacienda, de torturados por ser colaboradores de la guerrilla, de desaparecidos o enterrados en ella, y de la planeación de crímenes como el de Varela, un “vicioso” de Yarumal; crimen sobre el cual el propio Álvaro Uribe se pronunció: “allá sí apareció un muerto, pero porque hubo un enfrentamiento con unos extorsionistas que llegaron”.  El cura Palacio también se había referido a este homicidio en los procesos judiciales en su contra: … “Vicente Varela, le puedo decir de él que lo habían matado en la hacienda La Carolina en los llanos del Cuivá porque había ido a extorsionar con un grupo a los dueños y a los mayordomos”.   

  

Benavides había hecho mal el levantamiento, lo amarró al bómper del carro Toyota Land Cruiser del F-2 de la policía, le puso un letrero que decía “muerto por extorsionista” y lo paseó por las calles del pueblo.  Lo investigaron por eso, pero finalmente salió exonerado.  Según los testimonios que obran en el expediente, Santiago Uribe le habría ordenado hacer eso a Benavides para mostrarle a la gente lo que le podía pasar.  Eso generó una situación adversa en el pueblo, y fue lo que motivó la llegada de Meneses en reemplazo de Benavides. 

 

La muerte de un joven soldado retirado, denunciada por el Sacerdote Javier Girado, fue otro de tantos homicidios en La Carolina.  Documentos de la finca de registros públicos de Yarumal confirman que a finales del 2002, luego de posicionarse Uribe para su primer periodo presidencial, la Hacienda fue vendida.  El sacerdote jesuita Javier Giraldo, el mismo que contactó a Esquivel, en 2005 ya le había pedido a la fiscalía de Mario Iguarán investigar los hechos que apuntaban a la existencia de grupos paramilitares en ese lugar, así como los testimonios que aseguraban que de allí salieron los asesinos del exsoldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, principal testigo contra los crímenes del general retirado, Rito Alejo Del Río. 

 

El padre Gonzalo Palacio Palacio era un hondo simpatizante de Monseñor Miguel Ángel Builes, un prelado recalcitrante, ultraconservador y contradictor acérrimo de las ideologías liberales y comunistas de inicios del siglo XX; modelo a seguir de muchos jóvenes que se adentraban en los senderos de la formación clerical. “(Builes) nunca se doblegó para pelear las buenas batallas de la fe ante sus difamadores, sus calumniadores, que se escondieron en el anonimato”, expresó alguna vez Palacio.    

  

Palacio llega a Yarumal para instaurarse como sacerdote el 1 de octubre de 1960.  En la época de los noventa era vicario de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el corazón del casco urbano.  A las seis de la mañana el padre recibía confesiones las cuales, rotas en su secreto, servían para señalar a los “pecadores” que debían ir al infierno con ayuda de los apóstoles.    

  

Un panfleto repartido por el pueblo el sábado 15 de febrero de 1992 anuncia la conformación de las “Autodefensas del Norte Lechero” para declarar la guerra a la guerrilla.  Ese sería el primer anuncio arrojado a la población sobre el terror paramilitar que llegaba para actuar durante casi una década; las matanzas empezaron a darse a finales de 1992.  El alcalde, la personera, el inspector y miembros de la Cruz Roja y la Defensa Civil escribieron una carta al comandante de la IV Brigada para pedirle cambiar a los miembros del Ejército de Yarumal, a quienes denunciaron por estar involucrados en la desaparición de al menos cinco personas.   Pero fue en el segundo semestre de 1993 cuando se dieron las primeras referencias del grupo de Los doce apóstoles.  Un testigo que iba a ingresar al grupo, cuenta que este trabajaba con la fuerza pública gracias al contacto de una persona “del gremio eclesiástico”.  Todo está documentado en un informe de la Personería de la época, según el cual, a partir de julio se incrementaron los crímenes de personas con antecedentes delictivos.  En cuatro meses se dieron veintinueve asesinatos.      

  

Desde 1994, año en que empezaron las primeras investigaciones sobre el exterminio poblacional eufemísticamente nombrado “limpieza social” en esta y otra zonas del norte de Antioquia y que se atribuye a ese grupo paramilitar, el nombre del sacerdote surge en repetidas ocasiones; muchas de ellas lo apuntan como “informante del ejército”, acusación que confirma sintiéndose orgullo: “Las gentes acudían a mí para decirme planes que tenía la guerrilla (sic), para apoderarse, y aún se llegó a decir de una posible toma de Yarumal, entonces yo le transmitía al ejército estas informaciones y ellos las verificaban con sus servicios de inteligencia y, si era del caso, organizaban los operativos.  Y para que quede más claro aún, yo era el puente entre la sociedad civil y las fuerzas del orden”.    

  

La investigación en su contra se origina el 2 de noviembre de 1993 por un informe rendido por la personera municipal de Yarumal.  Luego de ese informe, la personera tuvo que renunciar a su cargo e irse del pueblo por amenazas.  Testimonios plasmados en los procesos judiciales descargan la culpabilidad de las amenazas en el propio sacerdote: “Quien vigilaba la oficina de la doctora (Lillyam Soto Cárdenas) era el padre Gonzalo Palacio, puesto que se mantenía en la esquina del palacio municipal y en los pasillos”.    

  

En su prédica eucarística, el padre Palacio alineaba los preceptos cristianos con sus propias concepciones de la política y el Estado: “Hay que anunciar el Evangelio, como lo proclamara el Papa Pablo VI, pero no solamente se debe anunciar, sino que se debe denunciar …Y ser un gran defensor de las instituciones del Estado …He considerado que si no se denuncian los atropellos que se cometen a diario contra las instituciones del Estado, seguiremos abocados a un país débil repleto de problemas y con múltiples necesidades”.  Así mismo el padre manifestaba púbicamente su animadversión por las doctrinas liberales, progresistas y con más ahínco por las comunistas/socialistas y en ese sentido, los grupos de izquierda armados como las guerrillas de las FARC-EP, ELN, EPL, y organizaciones desarmadas sindicales, obreras, defensoras de Derechos Humanos o contradictores del statu quo, eran blanco de sus ataques, y reconocía en ellos a un enemigo que debía combatirse; quizá sintiendo el llamado divino a abanderar su propia cruzada anticomunista. 

 

En el pueblo todos sabían de la cercanía del párroco “godo” con gente de peligrosa laya que luego se determinó eran paramilitares.  Uno de ellos era Óscar de Jesús Arango Palacio, alias Pitufo, un acompañante que se había convertido casi en su sombra.  El cura explica que Arango prestaba servicio militar, y que por eso le acompañaba para salvaguardarlo de alguna represalia de la guerrilla.  Pero la gente sí sabía quién era el temido pitufo.    

  

Las investigaciones arrojaron que el sacerdote recibía una cuota mensual de cien mil pesos (más de mil dólares actuales) de parte de Los doce apóstoles.  Frente a este punto, Palacio ha dicho que es una confusión, que él sí recibía una cuota mensual pero que no era de la organización delincuencial: “pertenecía a un grupo de informantes del Ejército que manejaba el señor Álvaro Vásquez, grupo por otra parte legal, ya que dependía del Batallón de Inteligencia del Ejército ubicado en Santa Marta; yo daba informaciones a los comandantes del Ejército, ya en Yarumal, o bien en Medellín”.  Añade que esa cuota era parte de sus honorarios por sus “servicios espirituales” como capellán del batallón Pedro Nel Ospina, en Bello-Antioquia.  Álvaro Vásquez es un comerciante, ganadero y exalcalde de Yarumal que presuntamente hacía parte de Los doce apóstoles.  

  

Un testigo bajo reserva que prestó servicio militar en ese batallón del grupo de contraguerrilla urbana, aseguró que el padre “vestía camuflado, armado, con pasamontañas y que señalaba quién era guerrillero”.  El padre negó todo, alegando que él no es nadie para mandar a matar a nadie y que esas eran calumnias amparadas en la reserva de identidad.  Su abogado lo defendió presentando los antecedentes médicos que mostraban la incapacidad física de Palacio para esas actividades.  En todo caso, flotan en el ambiente los cuestionamientos sobre porqué un cura se había vuelto un informante del ejército, del porqué los pobladores y algunos miembros de la banda lo incriminan, del porqué personas supuestamente señaladas por él como “pecadores” (guerrilleros, delincuentes, simpatizantes de izquierda, etc.), aparecían prontamente asesinadas, o del porqué de sus malas compañías.    

  

En allanamiento efectuado por la fiscalía a la vivienda del padre, ubicada en la casa cural de la parroquia de Las Mercedes, se encontró un revolver marca Llama calibre 30 dentro de una biblia modificada para ocultarlo, al mejor estilo de la mafia; noventa y cuatro cartuchos, una sobaquera, dos chapuzas y diferentes documentos del ejército.  “Me motivó a conseguir el arma el peligro que corría mi vida por las denuncias públicas, en mis homilías y predicaciones, ahí aprovechaba para hacer denuncias públicas sobre los abusos de extorsión, secuestro, amenazas que hacía la guerrilla o la delincuencia común organizada, ya que, por convicción, por formación, soy un gran respetuoso de la vida, la libertad y la dignidad de la persona humana.  Como hacía denuncias públicas fuertes, temí por mi vida, y eso me llevó a conseguir el arma como medio de defensa.  Directamente, no fui amenazado e indirectamente sí supe que me había convertido en objetivo militar de la guerrilla”, explica Palacio.    

  

El revolver tenía salvoconducto, pero las investigaciones de la fiscalía especializada de Medellín continuaron y se detuvo al suboficial de la Sub SIJIN (entidad sindicada de hacer el trabajo sucio ordenado por el grupo) Jairo Rodríguez Vanegas.  Este dio más pistas de la vinculación de Palacio con la cuadrilla delictiva.  El 24 de mayo de 1995, el cura no acudió a la indagatoria en la fiscalía regional de Antioquia a la cual fue citado.    

  

El 21 de diciembre de 1995, en el barrio Laureles de la capital antioqueña, fue capturado por el cuerpo técnico de investigación judicial de la fiscalía (CTI) y confinado en el seminario mayor de Antioquia.  El 17 de noviembre del 1997 fue beneficiado con libertad condicional, resaltando en el proceso que, si alguna prueba nueva surgiera, éste continuaría.  Sus supuestos cómplices corrieron la misma suerte, ya que la investigación al mando del fiscal Luis Camilo Osorio —aliado de Uribe y señalado de vínculos con paramilitarismo años después— dio con un auto inhibitorio.  La procuraduría adelantó un proceso disciplinario y pidió la destitución de los oficiales de la Policía Pedro Manuel Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero, Franklin Alexander Téllez y del agente Norbey de Jesús Arroyave, pero ninguno de ellos fue destituido, a pesar que el ente de control público afirma aquellos servidores públicos formaron parte del grupo irregular que se creó para dar muerte a personas calificadas de “indeseables” y donde menciona, además de los policías y comerciantes, al sacerdote Palacio como uno de los asistentes a una reunión en la que se decidió constituir un fondo con el fin de conseguir los elementos necesarios para “eliminar a determinados delincuentes aplicando justicia por mano propia”.    

  

En 1999 el proceso fue reabierto y Palacio nuevamente citado a indagatoria, ratificándose en lo dicho en 1995.  En 2001 la fiscal especializada Amparo Jiménez Zuluaga decide precluir la investigación.  El octogenario cura sigue oficiando misas en la parroquia de San Joaquín, al occidente de Medellín, donde fue trasladado por el obispo Joaquín García Ordoñez (Fallecido) luego del escándalo del grupo criminal al cual, por su figura religiosa, se le bautizó “Los doce apóstoles”.    

  

El temible grupo paramilitar estaba conformado presuntamente por doce miembros, en su mayoría ganaderos y comerciantes, quienes aportaban a una bolsa común para financiar su accionar.  Fue una máquina de exterminio que dejó una amplia estela de muerte en el norte de Antioquia a inicios y mediados de la década del noventa, especialmente en las poblaciones de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Campamento.  Sus víctimas se cuentan por cientos (533) dentro de las cuales se encuentran líderes de izquierda, colaboradores de la guerrilla, guerrilleros, testigos incómodos, equívocos, ladrones, adictos a las drogas, algún desafortunado en el lugar equivocado a la hora equivocada, y hasta infantes como Ana Yoli Duque López y Marta Milena López, de once y siete años respectivamente.   Darwin Cristóbal López, de ocho años y Renso Antonio Duque Velásquez, un bebé de dos meses, fueron heridos en los mismos hechos donde asesinaron a sus familiares, los militantes de la UP (Unión patriótica) Marta María López Gaviria, Luis Gildardo López Gaviria y Elvia Rosa Velásquez Espinoza.  Hernán Quintero logró escapar.  El infausto suceso se conoce la masacre de la Solita, municipio de Campamento, y cursa en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).     

  

La Fiscalía categorizó los 533 asesinatos en 7 sectores, de acuerdo con la actividad y el modus operandi de los perpetradores de los hechos:    

  

—Sector 1 (246 casos): agricultores, mineros, forasteros, personas en estado de embriaguez, presuntos expendedores de drogas o adictos, estudiantes, amas de casa -y personas dedicadas a oficios varios.    

  

—Sector 2 (136 casos): comerciantes, carniceros, ganaderos y transportadores, así como habitantes rurales, líderes o militantes políticos y personas señaladas de ser presuntos integrantes o auxiliadores de la guerrilla.    

  

—Sector 3 (81 casos): personas señaladas de ser delincuentes, extorsionistas, secuestradores o integrantes de bandas.    

  

—Sector 4 (51 casos): personas sobre las que no se conoce profesión, oficio u ocupación.   

  

 —Sector 5 (11 casos): inspectores de policía y miembros activos o retirados de la Fuerza Pública. 

    

 —Sector 6 (5 casos): personas cuya ocupación no está definida y fallecieron en extrañas circunstancias. 

    

 —Sector 7 (3 casos): personas presuntamente integrantes de Los doce apóstoles.    

  

Dentro del costal de la mal llamada “limpieza social” se metían todo tipo de personas que de alguna u otra forma eran “indeseables” —como denominaban a sus objetivos— para Santiago Uribe Vélez y sus secuaces.  La violencia ejercida por la banda transita por todas sus variables: física, psicológica, sexual, simbólica, etc.  El grupo fue uno de los primeros gérmenes de lo que se conoce como el paramilitarismo actual, junto a otros en Antioquia, Córdoba y otras regiones del país de similares características como “Los Tiznados”, “Los Blancos”, “Los grises”, “Los Criollos”, “Los Carecuchos”, “Los Grillos”, “Los Tangueros”, “Los menudos”, “Los Mirlos”, “Los Realistas”, “Los Masetos”, “Los HURE”, “Los Erres”, “Los comandos verdes”, “Los Magníficos”, “El escuadrón machete”, “Amor por Medellín”, “Muerte a revolucionarios del nordeste antioqueño”, “Movimiento anticomunista colombiano”, “Falange”, “Grupo de Don Efraín”, “Kankil”, “Justiciero implacable”, “Las Águilas”, “La mano negra”, “La Cirugía”, “La triple A”, “El justiciero”, “El embrión”, “Alfa 83”, “Terminador”, “Rambo”, “Toticol”, “Black Flag”, “Plan fantasma”, “Cali linda”, “Colombia libre”, “Limpieza total”, “Prolimpieza del valle del Magdalena”, “Aburrá tranquilo”, “Democracia”, “Fuerza Delta”, “Seguridad y control”, “Tradición, familia y propiedad”, “MAS” (Muerte a secuestradores), “MAJACA” (Muerte a jaladores de carros), “ANA” (Autodefensas del nordeste antioqueño), “MEPAN”,  (Movimiento patriótico de autodefensa nacional), “MRN” (Muerte a revolucionarios del norte), “MARCO” (Muerte a revolucionarios y comunistas), “MAOS” (Muerte a Abigeos), “CAFIES” (Castigo a firmantes o intermediarios estafadores), “COOSERCOM” (Cooperativa de Servicios Comunitarios), “COLSINGUE” (Colombia sin guerrillas) “DOC” (Departamento de orden ciudadano), “PEPES” (Perseguidos por Pablo Escobar, quienes luego encabezarán bloques paramilitares, como los de alias don Berna o los de los hermanos Castaño Gil),  y más de doscientos cincuenta nombres de escuadrones de la muerte regados por todo el territorio nacional, especialmente en Antioquia, algunos de los cuales eran estructuras secretas de la fuerza pública o de organismos de inteligencia estatal como la SIJIN, el DAS, el F-2, el B-2, el MAC, el BIM, etc.  Muchos de estos terminarán mutando y legalizándose en las denominadas “CONVIVIR” creadas mediante decreto Número 356 de 1994 en el gobierno de César Gaviria e ideadas por Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia.    

  

El grupo “Los Erres” lo conformaban aproximadamente doscientos individuos con sistemas de comunicación muy avanzados para esas épocas (su denominación obedece al código característico de las radiocomunicaciones “erre”).  Sus creadores y jefes eran Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, tíos y primos de Álvaro Uribe Vélez y primos también del mafioso Clan Ochoa.  Ese grupo es señalado de asesinar a más de setenta personas en el casco urbano de los municipios antioqueños de Titiribí y Armenia-Mantequilla, con algunas de sus veredas y corregimientos.  Los Vélez Ochoa fueron condenados por estos hechos en primera instancia, pero solo alcanzaron a estar presos cerca de un año hasta que un juez, acusado de nexos con paramilitares, los dejó en libertad “por falta de pruebas concluyentes”.    

  

El MAS fue un grupo paramilitar (quizá el primero financiado directamente por el narcotráfico) antesala de estos otros grupos.  Sus siglas consignan “Muerte a secuestradores” y se creó a partir del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hija del patriarca Jorge Ochoa Restrepo.  Su función principal era proteger a capos y terratenientes del cartel de Medellín de intentos de secuestro y/o extorsiones y en segundo lugar, arremeter, al igual que todos los grupos paramilitares, contra integrantes de la izquierda, sea armada o política.  Al morir Escobar se disipó y la mayoría de sus miembros terminaron en las filas de las Convivir o las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).  En sus inicios contó con más de dos mil hombres armados.    

  

Los “gatilleros” (sicarios) de Los doce apóstoles eran Leonidas “Leo” Pemberthy y su hermano; Henry de Jesús Múnera y su hermano Dayron; José Paul Martínez Sánchez y Óscar de Jesús Arango Palacio, alias Pitufo.  El relojero (tenía una relojería al lado de la alcaldía) era otro de sus integrantes.  Sus tareas se repartían entre informante, cooperador y organizador de los sicarios.  El capitán de la policía Pedro Benavides Rivera se reunía con éste y los demás integrantes del grupo.  “Siempre que se reunían con él, aparecían los muertos en Yarumal”, afirman las gentes del pueblo.  Alexander Amaya era otro “apóstol”, agente de la policía, escolta del comandante de Yarumal y sicario de la organización junto a otros dos efectivos: el cabo Rodríguez y un joven de Apellido Arroyave apodado El ruso, pertenecientes a la SIJIN.  El grupo estaba dividido en dos: el urbano al mando de Hernán Darío Zapata, alias Pelo ´e chonta; y el rural, al mando de Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo, un hacendado y ganadero oriundo de la vereda El cedro, de Yarumal, supuesta mano derecha de Santiago.  A Osorio Rojas se le había librado orden de captura en 2007 por estos hechos pero nunca fue arrestado, el excapitan Meneses asegura que lo mataron para que no hable.  Si fue así, hasta ahora no aparece su cuerpo.  El teniente Tellez, quien era el segundo al mando en la policía de Yarumal, fue asesinado a finales de los noventa.    

  

Desde 1996 el agente Amaya Vargas ha declarado como testigo protegido, identificándosele como “Código 002”: “Cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio, los resultados de los operativos.  Santiago a todo momento andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro.  Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba…”.  Amaya señaló que él mismo había sido testigo de una reunión del grupo, que vio al padre Gonzalo Palacio, al oficial Juan Carlos Meneses, al “del restaurante San Felipe”, Álvaro Vásquez; y a Santiago Uribe Vélez.    

  

La orgía de sangre entre políticos, fuerza pública y paramilitares era captada por los lentes y escritos de la prensa nacional, y los constantes “errores” suscitados por la banda acrecentaban los rumores de que autoridades y asesinos eran uno solo.  Hubo un caso donde mataron a un muchacho a pocos metros de la estación de Policía y todo el mundo cuestionaba la inacción de los agentes.  Luego de eso, miembros de la fiscalía encontraron —en una habitación contigua a la estación— material de la banda como pasamontañas, uniformes, botas y otros elementos.  Por ese escándalo y otro, en el que las vainillas de su fusil de dotación aparecieron en el sitio de una masacre en zona rural de Yarumal y donde hubo unos niños heridos (familia Quintero Olarte), Meneses estuvo detenido dos veces, pero él se sentía tranquilo, sabía que Santiago y su hermano, el gobernador, lo sacarían de apuros: … “él me decía: tranquilo que ese proceso va a salir adelante, que el hermano ya estaba encima del proceso y que el proceso iba a ser cerrado, como efectivamente ocurrió”.    

  

En medio de investigaciones manipuladas, desaparición de evidencias, abogados de las víctimas amenazados, desacreditación de testimonios y declarantes, fallos turbios, injustificadas dilaciones e intentos de asesinato de testigos, otros amenazados y otros efectivamente asesinados, ha trascurrido por más de dos décadas el sonado caso de Los doce apóstoles, aún en curso.    

  

Eunicio Pineda Lujan, un extrabajador de una finca aledaña a “La Carolina” llamada “El buen suceso” de propiedad de Álvaro Vásquez Arroyave (el exalcalde de Santa Rosa de Osos, integrante del grupo y de quien Meneses dice haber oído comentarios de que tenía laboratorios de cocaína en la región), es testigo de las reuniones de la policía de Yarumal con Los doce apóstoles en esas dos fincas; asegura haber visto gente que portaba radios, que estaba fuertemente armada, cómo eran entrenados, y que Santiago Uribe Vélez es el creador de ese grupo paramilitar.    

  

Según Pineda, se reunían en la marranera de la finca.  Cuando él se negó a hacer lo que ellos le pedían (matar), luego de ofrecerle dinero y un arma, empezó su calvario: “Usted, si no hace lo que nosotros le decimos, eso se llama traición y eso se paga con la muerte”.  A Vásquez y a Uribe no les había gustado su rechazo: … “días después dijeron que a mí me tenían que matar que porque yo sabía mucho, dijo Álvaro Vásquez, Santiago Uribe, el Rodrigo ese (sic), y otros que habían ahí, … me tumbó al suelo, me puso el pie aquí, me sacaba los dientes con un alicate, me decía que yo era un sapo”.  Pineda logó escapar de sus captores y desde 1994 hasta el día de hoy sigue capoteando la muerte.  Vive exiliado en algún lugar de Europa y es otro testigo avalado en este caso; de igual manera, tres testigos más, extrabajadores de la Carolina en los noventa, señalan a esa finca como base de operaciones de ese grupo paramilitar.  La defensa de las víctimas ha solicitado el testimonio de Everardo Bolaños Galindo, exteniente del ejército, destituido por la procuraduría y condenado a ocho años de prisión por su participación en la masacre de El Aro, quien luego ingresó a las filas de los paramilitares llevando el alias de Jhon Jhon y que  había nombrado de soslayo a los Uribe Vélez y a su finca La Carolina como punto de entrenamiento de los paramilitares: … “la presencia de las autodefensas era muy marcada, estaba otra parte de autodefensas en La Carolina, en los Montes.  La Carolina era una finca de un hermano de Álvaro Uribe de nombre Santiago Uribe, posteriormente, en La Carolina siempre permanecía Ejército porque era la entrada hacia Ituango y ahí estaba un grupo de autodefensas … En la Carolina se implementó un centro de instrucción y reentrenamiento, en La Carolina ahí sí había presencia permanente del ejército y pues hí mismo estaba El mono con el grupo de autodefensas, en la misma jurisdicción de la finca La Carolina”. 

 

Olwan de Jesús Agudelo Betancurt es un testigo de excepción contra Santiago Uribe. Era parte de los doce apóstoles “como patrullero, no como mando”, según él mismo.  Ha denunciado la existencia de un plan para matarlo y que para efectuarse lo han trasladado del patio 6 al 5 de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, Antioquia, donde paga una pena de dieciséis años por extorsión; ya pagó otras por paramilitarismo y homicidio.  “En este patio el testigo carece de garantías para su vida e integridad y posibilita la consumación del crimen”, señaló la Comisión intereclesial de Justicia y paz.  El 11 de noviembre de 2017, a través de su Twitter, el periodista Daniel Coronell pidió a la justicia brindar protección al testigo.  Agudelo dijo que vio a Santiago reunirse con integrantes del grupo criminal y que les había escuchado a estos que él era uno de los jefes, también se refirió al conductor de bus, Camilo Barrientos, asegurando que fue dado de baja porque les habían dicho que colaboraba con la guerrilla y que esa tarea se la encomendaron a alias Tolima, uno de los comandantes urbanos de Los doce apóstoles, a quien la propia organización asesinó.  Añadió que algunos de los integrantes del grupo se volvieron jefes paramilitares y que Álvaro Uribe se reunía con ellos cuando era gobernador.  También, que la hacienda La Carolina era la base o centro de comunicaciones junto a El buen suceso y otras, que el ejércitsabía que los paramilitares estaban ahí, pero no les decían nada. 

    

  

Un potencial testigo es Rafael Herney González Pérez, excapitán del ejército que comandaba una base ubicada en la zona alta de Yarumal, quien fue condenado a veintitrés años de prisión porque a mediados de noviembre de 1992 dio la orden de asesinar a cinco jóvenes provenientes de Tarazá y Yarumal para hacerlos pasar por guerrilleros, poniéndoles camuflado, insignias de las FARC y armas al lado de sus cuerpos para simular una escena de combate (uno de tantos casos de los mal llamados “falsos positivos”).  Algunos testigos alegan que el soldado también hizo parte del grupo, aunque sobre él no pesan cargos sobre ese proceso.  Al militar se le conocía como el “Capitán represa”, porque arrojaba los cuerpos de sus víctimas a una represa hidroeléctrica en Yarumal.  En abril de 2019 se acogió a la JEP.    

  

El apoderado de las víctimas de Los doce apóstoles, el abogado Daniel Prado Albarracín, ha sido blanco de múltiples amenazas e intimidaciones, incluso, su esquema de seguridad fue reducido a pesar de que su riesgo es extraordinario, según la propia UNP (Unidad Nacional de Protección).  La CIDH ordenó al Estado colombiano proteger su vida.  La fiscalía declaró crímenes de lesa humanidad los perpetrados por la organización y por tanto pasaron a ser no prescriptibles.    

  

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso es testigo indirecto contra Santiago Uribe en este caso.  El 11 de mayo de 2016, desde una prisión federal de los Estados Unidos, Mancuso aceptó hablar sobre el tema de esa agrupación, no sin antes manifestar su renuencia al respecto: el desmovilizado de las AUC, Salvatore Mancuso manifestó en esta investigación que “la experiencia le ha enseñado que no es conveniente declarar en contra de los intereses del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez”.  Mancuso indicó que por boca de Vicente y Carlos Castaño Gil, había sabido de la existencia de un grupo en el nordeste antioqueño.  Su propósito era “contrarrestar el accionar de los delincuentes que tenían afectados a ganaderos en la región, el cual era liderado, según lo escuchó de ellos (los Castaño), por parte de Santiago Uribe Vélez”.  Contó además que Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, era quien vendía las armas y otro material bélico a Los doce apóstoles.  En otra declaración ante la Corte se había referido a alias Rodrigo como el comandante de la parte militar del grupo.  En una declaración para Justicia y Paz, Julián Bolívar habla sobre un grupo en la región denominado Los costeños.  De acuerdo con la presentación de la Fiscalía, cuando estaba en proceso de extinción las autodefensas de Los doce apóstoles, los hermanos Castaño, desde el departamento de Sucre, enviaron a Yarumal un grupo de hombres que conformaron una estructura armada ilegal conocida como Los Costeños.  La versión del hombre de confianza de los Castaño Gil dejó una humareda que fue retomada por los medios, aunque —como todo en Colombia— pasó al olvido precipitadamente.  Posterior a esto, en 2018, aceptó haber sabido del grupo; que su jefe era alias Rodrigo y que el cura Palacio era colaborador, pero negó conocer a Santiago Uribe, pese a que Pineda y Olwan de Jesús Agudelo aseguran que presenciaron reuniones entre él y Santiago.    

 

El coronel retirado y excomandante de la estación de policía de Yarumal, Pedro Manuel Benavides, ha declarado en el proceso a favor de Santiago Uribe Vélez aduciendo que “se trata de un complot político con apoyo internacional (del entonces presidente Chávez) para destruir al expresidente Álvaro Uribe, porque les estaba dando duro al narcotráfico y a las FARC”.  También nombra a la excongresista Liberal Piedad Córdoba y al senador del POLO Democrático Iván Cepeda como partícipes del complot.  Sin embargo, su testimonio se torna débil frente a la prueba reina de Meneses, una grabación de una conversación con Benavides en 1996:  

   

Meneses: Parece que Amaya anda jodiendo.  

Benavides: Escuché que Amaya anda perdido, parece que está desaparecido (jocoso).  

Meneses: Averigüe bien.   

—Meneses: Pero muchos de los apóstoles han sido asesinados (nombra a varios). 

—Benavides: Es que uno puede manejar esa situación.  Santiago, cuando supimos de Santiago, yo por lo menos conocí de Santiago el día que asaltaron ahí su finca.  A partir de ese momento empezamos a trabajar prácticamente en conjunto; en constante comunicación, con información y todo para evitar que lo fueran a joder.  Él me daba información sobre delincuencia y yo la trabajaba.    

—Meneses: Había dos grupos que nos dieron dinero.  Estaba el grupo de comerciantes y hacendados que nos daban dinero para la gasolina, papelería y cosas así. 

Benavides: Claro 

—Meneses: Después estaba el otro grupo, el de Santiago… 

—Benavides: Claro… Y ahora ves cómo nos pagan.  De todas maneras, yo pienso una cosa: Uribe mientras tenga el poder no va a ser huevón (sic) de dejar enredar al hermano, y al defender al hermano, por ende, tiene que defendernos a nosotros: lo otro ahora, es que ahora Uribe diga no pues mi hermano no tiene nada que ver, pero aquí les tengo estos y nos deje solos. 

  

Continuando la conversación, Benavides admite que recibieron plata por dejar funcionar ese grupo en Yarumal:    

  

—Benavides: En el momento en que Uribe nos ponga en bandeja ya toca es decir, definitivamente nosotros nunca fuimos, lo único que hicimos fue recibir plata para no meternos… Recibimos plata y recibimos las pensiones de Santiago, para que la gente hiciera lo que quisiera por allá en esos municipios.   

  

El coronel Benavides admite que participó en las operaciones con Los doce apóstoles, pero aclara que él no participó en los asesinatos:    

  

—Benavides: “Yo no maté gente, yo no le hice nada allá como dicen ellos en operativo.  Yo lo que decidí hijueputa fue la información que ellos me daban la trabajaba, toda esa gente.  Hice varios operativos hermano, hijueputa.  Es que no fueron uno hijueputa.  Yo hice más de cuarenta operativos allá.  Si ese proceso se reabre, yo también voy a decir la verdad, porque yo no voy a pagar por cosas que yo no he hecho, el responsable de todo eso es Santiago, y Álvaro, yo ya no estoy dispuesto a volver a la cárcel por ellos.    

  

Ese era un fragmento de la demoledora grabación, publicado por Noticias UNO en la emisión del 28 de junio de 2010, también consignada en el libro de Olga Behar.  La grabación se volvió extensa porque en medio de ella, Benavides le pide a Meneses que le acompañe a hacer una diligencia a la calle.  En otros apartes de la misma se registra cuando Meneses le planteaba que denunciaran el caso en la Corte Penal Internacional y que dejaran una declaración en notaría por si algo les llegaba a pasar, pero Benavides se mostró dubitativo con la propuesta.  El día que Meneses hizo la grabación fue el último que se vieron los dos exoficiales de la policía. 

  

Meneses se entregó a la justicia el 27 de enero de 2014, siendo trasladado al bunker de la fiscalía.  En sus declaraciones aseguró que el expresidente Uribe lo había intentado sobornar con contratos a cambio de su silencio, contratos que efectivamente se suscribieron el 26 de septiembre de 2008, en favor de amigos y socios de Meneses.  Luego de permanecer un tiempo en el bunker de la fiscalía, fue trasladado a la cárcel La Picota.  “A mí me mandaron aquí fue para asesinarme”, aseguró Meneses desde ese sitio mediante un video al portal Las dos orillas, al denunciar que fue trasladado a ese lugar a pesar de que su lugar de reclusión inicial iba a ser el ESPAB (centro de estudios superiores de la policía) ya que era un convicto en alto riesgo de ser asesinado y después de denunciar un plan para asesinarlo.  En el mismo video dice no confiar en la fiscalía y tener otras pruebas que solo dará a conocer hasta que le mejoren sus condiciones de seguridad.    

  

Los testimonios a favor de Santiago Uribe se limitan a dar buenas referencias de su familia, o que “se les olvidó lo declarado en 1996”, como aseveró el exagente Amaya.  Santiago concluye que en su finca no podían existir grupos al margen de la ley ya que cerca de ella existía una base del ejército nacional.  Su tesis es endeble porque las relaciones simbióticas de la fuerza pública con el narco-paramilitarismo han sido probadas en muchas ocasiones, de manera que no puede ser esa la condición sine qua non por la que un grupo ilegal de ultraderecha se asiente en un territorio determinado.    

  

La defensa de Santiago Uribe en cabeza del reconocido abogado penalista Jaime Granados se ha basado en sostener que Meneses es un desconocido para Santiago Uribe, que apenas lo conoció en 2010 luego de sus denuncias, que se contradice y que por tanto su testimonio no tiene ninguna validez; que los otros testigos no son capaces de argumentar desde la realidad contra su defendido, que sus testimonios no guardan coherencia por ser “descabellados, fantasiosos o inverosímiles”, que los doce apóstoles solo existieron en el imaginario colectivo, y que detrás de esto —“como en todos los casos contra los Uribe Vélez”— están los intereses de las guerrillas y de políticos de la izquierda nacional y hasta la internacional (Venezuela).  No obstante, la justicia ha desestimado estas afirmaciones mediante peritaje científico (exámenes mentales a testigos), y el proceso ha continuado.    

  

Frente a otros los tres testigos contra Santiago Uribe, extrabajadores de La Carolina (sus iniciales —por razones de seguridad— son M.T.M, J.L.R y L.M.P), alega la defensa de Santiago que son testimonios falsos y/o comprados por ONG’s afines al “terrorismo”, y que por ser su hermano, le han involucrado en todo esto.  La excusa sigue siendo la misma empero que los sucesos vengan siendo investigados desde hace casi una década antes que su hermano fuera presidente.    

  

Los doce apóstoles también tenían entre sus actividades delincuenciales la extorsión:    

  

José Leonidas Rada López, asesinado en Bogotá luego de huir bajo amenazas de Yarumal, declaró el 4 de octubre de 1993 ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos que tuvieron que irse del municipio porque para el año 1991, cuando tenían un hotel, una discoteca y un teatro, unos grupos paramilitares que fueron conformados por los mismos comerciantes comenzó a cobrar vacunas.  Para ese mismo momento asesinaron a un amigo de su esposa, de quien no recuerda el nombre, por lo que él decidió denunciar esos hechos ante las autoridades, siendo amenazada mediante sufragios y notas deslizadas bajo la puerta de su residencia.    

  

La viuda de Rada López declaró tiempo después que “se enteró que el grupo paramilitar llamado Los doce apóstoles, le exigió dinero (a su esposo), del cual hacían parte el señor Roberto López, Beatriz Calle, alias El enano, y un monseñor, y que por comentarios de su propio esposo y de un amigo de él, del cual no recuerda el nombre, se dio cuenta que de ese grupo también hacía parte el señor Santiago Uribe Vélez”.    

  

La fiscalía, en un documento de ciento sesenta y cinco páginas en poder de la vicefiscal María Paulina Riveros, ha dicho contar con al menos diez testigos contra Santiago Uribe entre quienes se encuentran paramilitares y policías.  Señaló también que en el expediente están las declaraciones juramentadas de Albeiro Martínez Vergara, Carlos Enrique Serna Areiza, y John Jairo Álvarez Agudelo.  Igualmente se destacan los testimonios de Hernán de Jesús Betancourt Lopera, Pablo Hernán Sierra García y Antonia Piedad Pinillos Guzmán.  Posee un informe del CTI del 28 de julio de 1996, según el cual para la época había un grupo de autodefensas que hacía actividades de entrenamiento en la hacienda conocida y registrada como “La Carolina” y cuyo administrador era Santiago Uribe.    

  

Por las maniobras dilatorias de su abogado y al estar detenido preventivamente por dos años en el batallón Juan del Corral de Rionegro-Antioquia, Santiago Uribe fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, quedó libre pero sujeto al proceso, bajo algunas restricciones en su movilidad y condiciones de comportamiento personal desde el 15 de marzo de 2018.    

  

Meneses ha sido puesto en libertad condicional por haberse acogido al tribunal de la Justicia Especial de Paz (JEP) y está en espera de ser llamado a entregar su versión.  La defensa sigue dilatando el proceso: Por petición de la misma, el juicio quedó aplazado y aunque el juez del caso aún no ha fijado la nueva fecha, se sabe que esta no será antes de abril de 2020.  El fiscal del caso, Carlos Marín, aseguró que durante el juicio se montó “una sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos que con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados”.  Agrega el ente acusador que “unas veces mintieron para favorecer su propio interés y otras veces porque inequívocamente querían proteger al señor Santiago Uribe”.  Por eso, pidió que se les investigue por falsedad testimonial, entre ellos, a Álvaro Vásquez (quien viene siendo denunciado pero las investigaciones no han avanzado) y al excoronel Pedro Manuel Benavides; petición que fue respaldada por la Procuraduría: “Se evidenció el embuste, la falacia y el sofisma”.  Durante más de diez horas de intervención, la fiscalía pidió que se condene al ganadero antioqueño, que enfrenta su proceso en libertad.  Los familiares de las víctimas siguen esperando un fallo definitivo y muchos colombianos, seguidores del expresidente, siguen defendiendo lo indefendible.    

  

Ningún pasaje de este apocalipsis hubiese surgido sin la aprobación, apoyo y protección del “gran mesías”, quien siendo el funcionario público encargado del tejemaneje directivo de la gobernación del departamento, cubría con su manto los vejámenes que sus apóstoles cometían sobre la tierra prometida —al paramilitarismo— llamada Antioquia, y le lavaba la cara a su hermano, seguramente con agua bendita.    

  

Son sobrevivientes, algunos a pesar de varios atentados, Alexander Amaya, actualmente recluido en la cárcel La Picota; el sacerdote de Yarumal Gonzalo Javier Palacio quien vive en el barrio San Joaquín, en Medellín; Álvaro Vásquez, propietario de un restaurante llamado San Felipe en Yarumal, ubicado frente a la antigua Caja Agraria.  El último con vida es columna vertebral del proceso: Juan Carlos Meneses, el testigo estrella contra los Uribe Vélez.    

  

Alias El relojero, Hernán Darío Zapata (Pelo ´e Chonta), los hermanos Múnera, los hermanos Pemberthy Zapata, han sido asesinados, tal vez creyendo callarlos, pero… Los muertos también hablan.

 

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Epicuro de Samos
Acerca de Epicuro de Samos
Miembro de Movimiento Naranja. Un joven del común, preocupado por la situación económica, política y social de nuestro país. Activista político en redes, por el despertar de la conciencia colectiva de la sociedad colombiana. “Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni, al llegar a viejo, de filosofar se canse. Porque, para alcanzar la salud del alma, nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven.” –Epicuro