LA TERCERA REFORMA TRIBUTARIA DE DUQUE

Como todos hemos podido observar en los últimos días, la tercera propuesta de ley de reforma tributaria realizada por el presidente IVAN DUQUE al congreso, ha generado mucho revuelo e inconformismo en la opinión pública. Esta reforma ha sido criticada enérgicamente por todos los actores sociales y gremios del país. La ciudadanía en estos momentos se encuentra en vilo y con temor ante su probable implementación. El pueblo observa con preocupación cómo en medio de la pandemia se vuelve cada vez más crítica su situación económica y no se vislumbra que la situación tienda a mejorar. La gente está indignada por la traición del gobierno y su promesa en campaña de “subir salarios y bajar impuestos”, la cual no termino siendo más que una ramplona estafa.  

Para entender las verdaderas repercusiones e implicaciones que tiene la “LEY DE SOLIDARIDAD SOSTENIBLE” sobre los ciudadanos de las clases populares y media, lo primero que tenemos que iniciar por aclarar es:

¿Qué es una reforma tributaria?

Al respecto tenemos que señalar que es un tipo de ley, tendiente a modificar las reglas que le permiten al gobierno crear, eliminar, aumentar o reducir el cobro de impuestos a personas naturales y jurídicas, con el fin de: acrecentar o disminuir los ingresos de la nación, alterar favorable o desfavorablemente la balanza comercial, proteger o desproteger la producción nacional de ciertos productos, etc.

Debemos hacer hincapié en que siempre que exista una reforma termina, se va a presentar una afectación directa positiva o negativa a la capacidad de consumo y los indicadores de empleo. Es decir, las reformas tributarias si o si, impactan trascendentalmente sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Los gobiernos generalmente acuden a la presentación de una reforma tributaria cuando: padecen incapacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda, sufren déficit fiscal debido a tener más gastos que ingresos, o necesitan financiar más programas sociales, obras o realizar inversiones estratégicas (que en Colombia generalmente se realizan en el sector de la guerra), demandando obviamente la necesidad de más recursos.

Las reformas tributarias en Colombia

En la historia del país se han realizado 49 reformas tributarias, 28 de ellas desde 1897 hasta 1989. Posteriormente, con la llegada de la apertura liberal realizada en el gobierno de CESAR GAVIRIA en 1990, se han presentado 21 reformas tributarias, las cuales todas tienen en común, la creación de beneficios tributarios y la reducción o eliminación de impuestos para las grandes empresas nacionales y multinacionales. Debe agregar que todas estas últimas reformas han consolidado el modelo neoliberal y siempre han estado en contravía de la soberanía económica y alimentaria; en cambio, protegen dogmáticamente el libre mercado. Como si el comercio sin restricciones fuese una entidad sagrada. Como si encarnase al ojo encima de la pirámide. Las últimas reformas desde el aperturismo han representado al país un recorte de ingresos en el recaudo tributario, por lo cual los gobiernos de turno han justificado acudir a la venta de empresas públicas, al crecimiento de la deuda, al recorte de programas sociales para garantizar derechos, cobro de mayores impuestos a la clase media y a los más pobres, y finalmente, la disminución de los ingresos a los trabajadores.

Durante el mandato de Duque, el gobierno ha tramitado 3 reformas tributarias en tan solo 3 años. Todas iguales, bajo la línea sesgada de favorecer al gran capital y perjudicar a las clases populares. Pero estas han venido siendo cada vez más agresivas que las otras, tendientes a profundizar drásticamente las políticas neoliberales.

La primera reforma se llamó “LEY DE FINANCIAMIENTO”, la cual fue presentada a finales del año 2018 con el fin de obtener 19 billones de pesos para el año 2020, corrigiendo el desfinanciamiento de 14 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación del 2019. Lo anterior requirió aplicar principalmente los siguientes cambios en materia impositiva: i) ampliar la base de tributación del 54% al 80% de los bienes y servicios que se consumen en el país y gravar con (IVA) el arroz, carne, huevos, leche, queso, hortalizas, frutas, medicamentos, lentes de contacto, toallas higiénicas, Libros, abonos, colores, lápices,  boletas de cine, eventos deportivos y culturales, agua en botella, servicios funerarios, internet, computadoras, etc.; y ii) generar una reducción gradual para la mediana y la gran empresa, bajando la tarifa de renta establecida en el 30% para las empresas, las cuales también contaran con un descuento total del IVA por la adquisición de bienes de capital y un descuento de la mitad del ICA. 

Terminando el año 2019 se presenta la segunda reforma tributaria, llamada: “LEY DE CRECIMIENTO”, que según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, permite el recaudo de unos $13 billones más; con la cual se estableció principalmente: i) más exenciones tributarias, ii) devolución del 6 % de IVA a las personas de menores ingresos, lo que tiene un costo fiscal de $2,2 billones al año; iii) Tres días sin IVA o “COVID FRIDAY, que representa un costo fiscal de $338.000 millones; y iv) Reducción del aporte a la salud de los pensionados del 8% al 4% a quienes tengan una pensión de un salario mínimo y del 12% al 10% a quienes devenguen entre 1 y 2 salarios mínimos.

¿Qué es la “LEY DE SOLIDARIDAD SOSTENIBLE”?

La última reforma tributaria que fue presentada por el gobierno el pasado jueves 5 de abril, ante el Congreso de la República, denominada como: “LEY DE SOLIDARIDAD SOSTENIBLE”, ha sido la más escandalosa y reprochada de todas las iniciativas del gobierno, que de ser aprobada entraría en rigor a partir del 1ro de enero del 2022.

¿Pero que contiene esta reforma? ¿Por qué ha generado tanta repulsión en los ciudadanos?, ¿Cuáles son los 40 beneficios de los que gozan hoy los contribuyentes y se perderán con esta reforma?  Para ello es necesario explicar los siguientes puntos:

SOBRE EL AUMENTO DEL IVA

Es innegable que están encareciendo la canasta familiar, medida canalla en tiempos tan duros, como estos últimos de pandemia, están propiciando la inflación y la pérdida de capacidad adquisitiva, particularmente de las clases populares. Algunas medidas tomadas con respecto a este rubro fueron las siguientes:

  1. Pasar a más de 30 bienes de estar en la categoría de exentos a convertirse en bienes excluidos de IVA, como la carne de cerdo, res, pollo y el pescado, los huevos, la leche, el queso, el arroz, medicamentos, vitaminas,  papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras, entre otros. Cabe mencionar que, a pesar de que al hacer este cambio no se grava directamente a los productos, si aumenta su precio; puesto que al volverse bienes excluidos los productores no pueden solicitar devolución del IVA que se genera en las cadenas de producción
  • Esta reforma también busca subir de 5% a 19% el impuesto a los bienes que el Gobierno considera productos suntuarios, dado que el Gobierno no los considera “indispensables” dentro de la canasta básica familiar, como: harinas de maíz, sal, pastas, cereales, carnes frías o embutidos, el café, el chocolate, el azúcar, etc.
  • Igualmente se establecerá IVA del 19% a las tarifas de Agua (incluye: acueducto, alcantarillado y aseo), luz, gas a los estratos 4, 5 y 6; y el acceso a internet residencial desde el estrato 3
  • Asimismo aumenta el IVA a la gasolina del 5% al 19%, significando un alza de $597 por galón de la gasolina y $545 en diésel
  • Colocar IVA del 19% a artículos como celulares, computadores y tabletas. Aumentando la brecha digital
  • Establecer IVA del 19% a los servicios funerarios
  • Fijar IVA del 5% a los paneles solares, inversores de energía y controladores de carga para sistema de energía solar con paneles y las bicicletas, motos eléctricas, patines, monopatines y patinetas
  • Además a los productores agropecuarios les están cobrando una tarifa del 19%, a bienes de capital y accesorios, como son los tractores, los costales, los sistemas de riego, las cosechadoras e incluso las cabuyas

Gravar ciertos productos que sirven de insumos dentro de la cadena de productividad de alimentos, encarece su producción. Apalancando la inflación. Por ejemplo el impuesto a los plásticos, tiene aplicación en envolturas de productos como arroz, café, granos, azúcar, leche, queso, bebidas, galletas, snacks, papel higiénico, productos de limpieza, elementos de aseo y de tocador y los cosméticos, entre otros artículos. Asimismo, el aumento de la gasolina para el transporte o de las semillas, fungicidas y plaguicidas; también jalona al alza el valor de la comida. Por consiguiente es fácil vaticinar que esta medida incrementara el precio de los productos de la canasta familiar debido al incremento de costos en sus primeras etapas de producción.

El programa de compensación del IVA, que hoy entrega $76.000 cada dos meses a las familias más pobres y vulnerables, sería ampliado con la reforma a $90.000 cada dos meses. Aumento miserable de $14, que no compensa el enorme daño colateral que genera la reforma.

SOBRE EL IMPUESTO DE RENTA

El año 2020 declaró renta de apenas el 4 % de la población económicamente activa, es decir unos 3,5 millones de personas, y la mitad de ellos (aproximadamente 1,7 millones de colombianos) hasta ahora hace algún pago. Ahora se espera que con la reforma se lleve esta cifra a 18 %, lo que significa aumentar en unos 7 millones los declarantes y en unos 3 millones los contribuyentes.

Sobre las tarifas, estás también se acrecentaran, en 2021 irán desde 0% hasta 39%, pero en 2023 subirán entre 0% y 41%. Sin embargo, se van a modificar la escala de niveles de ingresos en los que la tarifa cambia y se va a empezar a subir la tarifa desde unos ingresos menores. Las personas que declararan renta son quienes sobrepasen el límite anual de $15 millones en ingresos, gastos, consignaciones bancarias y compras con tarjeta de crédito, y un límite de $93 millones anual en patrimonio neto. De la misma manera se convertirán en nuevos contribuyentes, las personas naturales quienes posean ingresos que superen el nuevo límite de $2,4 millones mensuales. Esta medida afectara a 1,3 millones de colombianos pertenecientes a la clase media, que antes ni declaraban ni pagaban impuestos, porque su salario era inferior a $4 millones mensuales,

Para medir el impacto de esta medida, el portal “tributi” (página de profesionales de la contabilidad), señala que por ejemplo un salario de $3.5 millones mensuales, manteniendo sus ingresos en un año, pasaría de pagar $0 por el año 2021 a pagar $1.3 millones por 2023. O una persona con un salario de $7 millones mensuales, pasaría de pagar unos $5.7 millones por el año 2021 a pagar $9.4 millones por el año 2023. Esta medida claramente atenta contra la clase media.

Bajo esa línea, las pensiones a partir de 4,8 millones empezarán a pagar renta a través de la retención en la fuente, afectándose a más de 36 mil pensionados. La tarifa en principio será de 10 % para pensiones con un tope mínimo entre 60 UVT ($2.178.480) mensuales, pero para 2023 se correrá a 39 UVT mensuales ($1.416.012); igualmente el tope máximo de 41 % aplicará a pensiones de más de 1.050 UVT ($38.123.400) y en 2023 a partir de 833 UVT ($30.244.564).

Como si fuera poco, se agrega cobro de retención en la fuente al retiro a las cesantías de los trabajadores; lacerando la economía de la clase obrera del país que se siente ultrajado con esta reforma.

Otras medidas que también deben resaltarse, es el impuesto a los ingresos altos, que se espera implementarse a partir del primero de julio del 2021 y hasta el 31 de diciembre de este mismo año, la cual establecería excepcionalmente un impuesto temporal y solidario de 10 % para quienes obtengan ingresos en razón al pago por salario o pagos por prestación de servicios desde $10 millones mensuales en adelante, devengados tanto por el sector privado, como en el público. También aplica para quienes reciban este mismo monto de dinero, o más, por concepto de “intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual y dividendos y participaciones (…) el pago o abono en cuenta mensual periódico de las mesadas pensionales o asignaciones de retiro, sin consideración del régimen pensional”.

IMPUESTOS VERDES


El Gobierno incluirá en el proyecto una nueva especie de tributo, compuesto por cuatro instrumentos de tipo fiscal para combatir la contaminación: i) modificar el impuesto al carbono, incluyendo en la base gravable del tributo el carbón que se quema para producir energía en centrales térmicas o en industrias como la cementera y las siderúrgica, con un gravamen equivalente al 26% del costo de la tonelada del mineral; ii) adicionalmente se crea un gravamen para vehículos automotores; iii) se gravarán los plásticos de un solo uso, con una tarifa de 0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque ($1,81); y iv) se generará un tributo al uso de plaguicidas no orgánicos.

Estos nuevos tributos verdes a todas luces podrían encarecer los productos e insumos para la construcción producidos por cementeras e industria siderúrgica. Puesto que así las cosas, cada año los industriales consumidores finales de energía, pagarían según ANDEG, un costo mayor de kilovatio en $18, representando $1,5 billones adicionales. mientras el Gobierno señala que el incremento será de unos 7 pesos y asegura que este impuesto entrará gradualmente y no se pagará los dos primeros años.

  • EL MICO DE AUTORIZAR QUE LOS ALCALDES INSTALEN PEAJES DENTRO DE LA CIUDAD Y EN VÍAS TERCIARIAS

¿Cuánto se va a recaudar?

De acuerdo al Gobierno Nacional, el IVA busca recaudar $16,8 billones, y el de renta, particularmente de personas naturales, a través del cual se recogerían $10,5 billones. A los que se sumarían $3 billones de tributos a empresas. Si bien estos componentes suman $30,3 billones, hay que descontar 5,1 billones de pesos de un monto negativo del Sistema General de Participaciones (SGP), toda vez que hay una mayor presión de distribución de este rubro[1] (Diario El Tiempo). Por tal motivo el recaudo real será de $25.4 billones. Sin embargo, para JORGE ROBLEDO la reforma pretende recaudar realmente $34.3 billones de pesos de la siguiente manera: “$10.5 billones de IVA, $16.8 billones de personas naturales, $3 billones de personas jurídicas y $4 billones redistribución de externalidades ambientales”. Mintiéndole a la gente sobre el verdadero deterioro que le sobreviene a su calidad de vida.

La mayoría de estos nuevos recursos, van a ser absorbidos en un 60,7% a personas naturales, seguido del IVA con 31,1% a todo el pueblo y empresas con 13,2%. Es decir es la clase media la que va a pagar esto, no los empresarios grandes.

Destinación de los recursos obtenidos a través de la reforma tributaria

$15 billones se usarán para pagar la deuda, los restantes $10 billones se destinarán a financiar programas para el apoyo de hogares en vulnerabilidad y pobreza extrema, a través de programas de asistencia social como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Compensación del IVA. Fuera de las transferencias a las regiones, el gasto en programas sociales se concentrará en el Ingreso Solidario ($4,6 billones) y la compensación del IVA ($1,8 billones). 

¿Es este el momento para presentar una reforma tributaria?

En Colombia claramente no es el momento para presentar esta reforma que encarece la canasta básica e impone más cargas tributarias, puesto que nos encontramos en medio de una pandemia sin parangón a nivel mundial que ha generado en el último año destrucción de riqueza, devastación de las fuentes de empleos formales e informales y reducción drástica de los ingresos de los hogares especialmente de las clases populares. Siendo realistas, esta pandemia está lejos de superarse y que las restricciones que han provocado finalicen; toda vez que los índices de contagios siguen creciendo y la vacunación no ha impactado al grueso de la fuerza productiva y eso hace que la reactivación se aplace. Vislumbrándose la tormenta en el horizonte. 

Muchos analistas coinciden en el drástico deterioro del tejido social y económico, donde de acuerdo a Gustavo Bolívar: “La crisis del COVID demostró que alrededor de 15 millones de personas eran pobres o muy pobres, y que otros 17 millones estaban permanentemente en riesgo de serlo (vulnerables), a tal punto que durante la crisis, uno de cada cuatro hogares (10 millones de personas) redujeron de 3 a 2 el número de comidas diarias, y un 2,5% de la población solo puede ingerir hoy una comida diaria (DANE), mientras en la otra orilla, los mercados de valores internacionales daban cuenta de las megamillonarias ganancias de los sectores financieros, farmacéuticos y de venta bienes básicos de primera necesidad”. Coincidiendo con lo anterior, GUSTAVO PETRO manifiesta: “hoy en día 30% de los colombianos tienen hambre”.

A raíz de la pandemia, para septiembre del 2020 en Colombia se habían perdido 730.000 empleos, lo que representó una caída del 7,85% en comparación con el mismo mes de 2019 (DANE). De la misma manera el empleo informal también se ha visto limitado por las restricciones que impiden la locomoción y obligan al confinamiento y el cierre del comercio. Lacerando gravemente los ingresos de los hogares de los cúcuteños, puesto que esta es la ciudad con mayor informalidad con un porcentaje del 72,5 %, lo que quiere decir que 7 de cada 10 trabajan de manera informal.

¿Por qué se presenta la reforma tributaria?

Si debido a la crítica situación originada por la pandemia, claramente no es el momento para anunciar una medida tan lesiva para los ingresos de los trabajadores y clase media ¿Por qué se presenta este proyecto de reforma tributaria? Esta reforma fue impuesta al gobierno por el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL y la OCDE. No responde a una estrategia de desarrollo del país. Por el contrario atiende a las presiones hechas a la nación por parte de los mercados internacionales, para garantizar la capacidad de pago de deuda. Es decir, la banca mundial chantajea al gobierno con bajar la calificación del riesgo de crédito del país que expide el oligopolio internacional de las calificadoras de riesgo.

El gobierno de Iván Duque de manera clara y abierta, con este paso que toma, da a entender a todos los colombianos que prefiere proteger los compromisos financieros con los acreedores de la deuda externa, en vez de atender las necesidades del pueblo. Condenándolo al hambre, forzándolo al contagio del coronavirus al tener que salir al rebusque, jugando con su salud y hasta propiciando su muerte. Empobreciéndolo de una manera estrepitosa. Lo que paralelamente desemboca en una crisis social en donde se dispara la violencia y la criminalidad en el país.

¿Es necesario implementar una reforma tributaria?

Si bien esta reforma es una canallada, esto no quiere decir que el país no deba hacer reformas estructurales. La crisis económica mundial ha creado estragos a nivel nacional. Como el mismo Min. Hacienda lo ha reconocido: “Colombia tiene caja para seis o siete semanas”.

 En Colombia se ha generado un desbordante déficit fiscal debido a la pandemia del covid-19. Para este año se espera incremente al 8,6 % del PIB, significando $94,5 billones. El déficit saltó del 2,5% del PIB en 2019 a 7,8% en 2020. Aunado a ello, de acuerdo a cifras oficiales del Gobierno Nacional, en lo corrido de este año el país ha tenido que asumir un costo extraordinario de $80 billones por causa de la emergencia sanitaria; discriminados así: $40 billones de pesos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y $40 billones de pesos adicionales, que dejaron de recaudarse por IVA a causa del cierre de las actividades productivas. Lo cual ha desbalanceado fuertemente las finanzas públicas.

Además del déficit fiscal, se suma la urgencia de afrontar el impacto presupuestal del crecimiento desmedido de la deuda externa, que en 2020 era de $154 mil millones de dólares  (aproximadamente $619,5 billones) y representaba el 55,4% del PIB[1]. En medio de la pandemia ha venido acrecentándose los pagos anuales al servicio de la deuda por el orden de $165 mil millones de dólares en 2021 y se espera que crezca a $175 mil millones de dólares en 2022, con lo cual la deuda neta del Gobierno llegaría al 63,8% del PIB.

A medida que la deuda externa se incrementa, de manera directamente proporcional se encarece el servicio de la deuda. En el año 2020 la nación debía pagar $58 billones, en 2021 aumento a $75.9 billones, lo que equivale a un aumento de más de 18 billones de pesos de un año a otro.

Este aumento en los pasivos del estado en conjunción con un creciente déficit fiscal, el cual se afronta sin poseer medidas claras de estabilización, genera preocupación entre los acreedores, quienes contemplan la deuda colombiana como un activo que ahora es más riesgoso y por ende debería bajarse la calificación crediticia del país; en consecuencia, se subirían la tasa de interés para Colombia, afectando negativamente la inversión y el consumo y frenarían la recuperación de la economía, por la posible pérdida del grado de inversión si hay una nueva reducción en la calificación de riesgo soberano. Se estima que producto de escenario de aversión al riesgo que afronta el país, se reducirá la calificación de riesgo de la deuda soberana de Colombia de BBB- a BB, lo que se traduce en un incremento de 0,82% en los intereses de esta, ocasionando que el gobierno y el sector privado, tengan mayor costo del financiamiento externo, con efectos negativos sobre la inversión privada y el consumo de los hogares.


Colombia para garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad social, económica y política, debe asumir sus compromisos con sus acreedores y debe pagar responsablemente la deuda. Por lo cual debe realizarse imperiosamente una reforma de carácter presupuestal o tributaria para asegurar dichos pagos en los próximos años y tapar el hueco fiscal.

Muchos economistas coinciden en que de no pagar al sistema financiero internacional, vamos a quedar desfinanciados, sin acceso a mercados y teniendo que pagar la deuda muchísimo más cara de lo que está ahora.

Fuentes alternativas de financiamiento:

El estado debe buscar fuentes alternativas, las cuales no coloquen más cargas impositivas a las clases menos favorecidas, sumamente empobrecidas por el tema de la pandemia. Además por que el encarecimiento de la vida, solo termina por golpear el consumo e impidiendo que se dinamice la reactivación económica. Por consiguiente hago las siguientes propuestas:

Reducción del gasto público:

El presidente Duque ha creado un gobierno más derrochador que los anteriores. Se han acrecentado los gastos que no son esenciales para el funcionamiento del gobierno nacional. Los gastos burocráticos de acuerdo a JAIME VASQUEZ se incrementaron en 2020 en $19 billones de pesos, ubicándose por el orden de $167 billones. El Gobierno necesita equilibrio fiscal, pero que muchas veces este no solo se logra con más ingresos, sino con una reducción de gastos, que permita redireccionar recursos a programas sociales.

De acuerdo a GUSTAVO BOLIVAR el salario de los congresistas cuesta al año $115.000 millones, más las UTL que representan $140.000 millones y $82.700 millones en vehículos; además la UNP gasta más de $1 billón en guardaespaldas. Igualmente el Programa de TV de IVAN DUQUE cuesta $6.382 millones al año. Asimismo, el estado consume $5.000 millones semanales para tanquear vehículos. Ni se hable de las cifras astronómicas en pagar planes y comprar celulares en el año. En estos momentos todos estos gastos deben reducirse drásticamente.

En estos momentos lo conveniente es que el estado colombiano debe reducir gastos de funcionamiento, eliminar ministerios, Poner en cintura los órganos de control que no producen resultados (FISCALIA, PROCURADURIA Y CONTRALORIA) y volverlos eficientes con menos costos y más resultados.

De igual manera, el gasto en defensa de $40 billones debe reducirse considerablemente. El gobierno Duque debe renunciar a su deseo de comprar de una flota de aviones de guerra por $14 billones. Además debe dejar de incurrir en gastos en ejercicios militares en la frontera con Venezuela, particularmente en la zona de la Guajira.

Reducir los privilegios del gran capital:

Colombia es uno de los países más desiguales a nivel tributario. Alrededor de 1.500 empresas aportan el 28% del total de los impuestos, otras empresas más pequeñas 7.5% del total de los impuestos; en cambio las personas naturales 9% del total de los impuestos y el 53% de lo que se recauda en impuesto proviene de las clases populares

Para entender el grado de concentración de la riqueza, en necesario acudir a SALOMON KALMANOVIC, quien señala que 1% de los propietarios de tierra más ricos tiene el 89.5% de los predios. Igualmente, de acuerdo a MAURICIO CABRERA, en el sistema financiero de millones de colombianos bancarizados, solo 2.681 ahorristas poseen 58.6% de los fondos en bancos, equivalente a $185 billones de pesos

Según Salomón Kalmanovitz: “El proyecto de reforma mantiene los privilegios y las exenciones a grandes capitales y propietarios y se ensaña con los sectores medio y pobre de los colombianos (…) el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible deja vigentes las exenciones que permitieron que en 2020 el sector financiero pagara solo 1,9% de sus utilidades de $121 billones; las empresas petroleras, el 7% de sus utilidades de $92 billones; y las empresas mineras 6% de $31 billones, cuando debieron pagar 33% que la ley establece para las demás empresas. El costo para el fisco de esos tres sectores fue de un poco más de $80 billones. Es decir, casi tres veces lo que el Gobierno pretende recaudar con su nueva reforma tributaria”.

Bajo esa línea de quitarle privilegios al sector financiero, GONZALO MORENO (Presidente de FENAVI) considera que debe posponerse el descuento a gravamen a movimientos financieros por el orden de $2.3 billones.

Asimismo, ALEXANDER LOPEZ (Presidente y candidato presidencial del Polo Democrático) considera oportuno reactivar el impuesto a los giros de utilidades de las multinacionales al exterior que generan un costo fiscal de 25 billones. Gravar los altos patrimonios, superiores a $5.000 millones de pesos de forma permanente y progresiva. Además renegociar los 16 TLC´s.

Para CESAR PACHÓN, en Colombia deben eliminarse las Exenciones por $34 billones al año para 10.000 personas jurídicas, donde se incluyen $9 billones de pesos a grandes grupos económicos, $17.2 billones a grandes empresas y $8 billones a personas naturales (Cesar Pachón).

Atacar la elusión y evasión:

Hacer más rigurosos los delitos contra el fisco del estado, en Colombia en estos momentos solo se penaliza con medida carcelaria cuando se evaden más de $5.000 millones de pesos. Conforme a GONZALO MORENO (Presidente de FENAVI), en el país se evaden impuestos por el orden de $20 billones vía IVA y $20 billones vía impuestos de renta. Para JAIME VASQUEZ son $47 billones se pierden en evasión.

Según RICARDO BONILLA (economista), las personas naturales de altos ingresos no pagan impuesto de renta por principalmente los siguientes motivos: i) los municipios no tienen la capacidad de hacer cobro coactivo del impuesto predial beneficiando al latifundista; y ii) las personas naturales ponen los bienes de lujos en nombre de las personas jurídicas (inmuebles, yates, entre otros bienes de lujos) para convertirlos en ingresos no deducibles de renta. Por tal razón es necesario exigir a todas las empresas actualizar el valor de los activos.

La reforma no toca fondos en paraísos fiscales, donde se especula que puede haber alojados más de $300 billones en dineros de personas que debiesen declarar renta en Colombia. Con relación a las zonas francas el país cuenta con 147, es el segundo país con más zonas francas) que de acuerdo a DANIEL RICO (Director de C-Analisis) funcionan en base al lavado de activos y el contrabando. 

Otras fuentes de financiación

  • Obtener $2.5 billones producto de la venta de 5.204 bienes expropiados
  • Gravar con IVA a las bebidas azucaradas
  • Cobrar sobretasa al sector financiero
  • Aumentar el impuesto a las altas herencias que en estos momento en Colombia es del de 10% pero en países como Japón es del 55%

En Colombia no es obligatorio decretar dividendos como en el resto del mundo, eso debe cambiar, si los dividendos se pagan en acciones también deben pagar impuestos impuesto a dividendos del 15%[1] (ORLANDO VILLABONA)

Por: JONNATHAN CARRILLO PRIETO


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