El muro de contención

Al igual que se borraron las vidas de más de 5 mil jóvenes en aquella practica oscura perpetrada desde la fuerza pública conocida coloquialmente como los falsos positivos, quizás para, desde el lenguaje suavizar el genocidio y terrorismo de estado; igual como las madres y familiares de estos jóvenes asesinados se preguntan ¿quiénes lo hicieron y por qué? así mismo la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos se están preguntando ¿quién dio la orden y por qué borraron el mural? Sucedió en el norte de la capital, más exactamente en la calle 80 con carrera 30 en la mañana del viernes 18 de octubre de 2019, militares y policías armados con brochas y pintura blanca acordonaron la zona y acto seguido procedieron a borrar un mural que mostraba la imagen de 5 altos mandos de la fuerza pública, entre ellos el polémico comandante Nicasio Martínez, acompañados de la respectiva cifra que representa el número de asesinatos de civiles perpetrados durante sus mandatos, la cifra que según el mural asciende a 5.763 casos iba acompañada de la pregunta ¿Quién dio la orden?  Y estaría representada por cerca de 11 organizaciones de derechos humanos y algunos artistas. El mural que no logro ser concluido hacia parte de la campaña por la verdad que según parece buscan seguir ocultando.

Frente al hecho la fuerza pública no se ha pronunciado, pero en redes sociales miles de usuarios replicaron la imagen concluida del mural censurado, afirmando que la pintura blanca no cubriría la sangre que derramaron desde las instituciones estatales estas personas.

Por su parte la organización Movice @Movicecol compartió en su cuenta en twitter las hojas de vida de los dos militares activos que aparecían en el mural:

Nicasio de Jesús Martínez Espinel, ascendido este año a general de 4 estrellas y en cuyo periodo se lograron cometer 50 ejecuciones extrajudiciales, polémico también por las revelaciones hechas por The Newyork Times que contarían como desde los mandos militares bajo su responsabilidad, se estarían dando órdenes para generar resultados de bajas en combate lo que incluso genero debates en el congreso

También proporcionaron un formato de promesa en el que dijeron que el mayor general Nicasio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, había dicho a los comandantes que se fijaran metas para el número de criminales y miembros de grupos armados asesinados, capturados y obligados a rendirse en combate.https://www.nytimes.com/es/2019/06/11/mocion-de-censura-guillermo-botero/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=nicacio-martinez-espinel&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collectionh

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien es actual comandante de la brigada XIII del ejército, bajo su comandancia hubo 30 homicidios a civiles entre 2007 y 2008, durante su nombramiento en diciembre del 2018 más de 50 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos elevaron una denuncia pública en rechazo a este adjudicando que es según estas  “un premio a la criminalidad” y manifestando su preocupación por las actuaciones del presidente frente a estos casos. https://www.justiciaypazcolombia.com/nombramiento-en-la-cuarta-brigada-un-premio-a-la-criminalidad-estatal/

Resulta preocupante las relaciones que se tejen desde las fuerzas públicas como monopolio armado con grupos criminales, recordando también la conveniente ineficiencia frente a las amenazas de las conocidas, pero anónimas Águilas Negras, brazo armado del crimen que opera en todo el territorio nacional para constreñir el ejercicio político y de quienes el gobierno nunca ha mostrado resultados, investigaciones, capturas o algún indicio que esclarezca quien o quienes están detrás.

Así también se han presentado hechos que acrecientan la sombra sobre las instituciones de la fuerza pública, nada inesperado, tomando en cuenta quienes son sus altos mandos, pero si, muy alarmante. La reciente investigación da cuenta que el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suarez Cauca, Karina García, habría sido perpetrado en complicidad con la fuerza pública, el hecho atroz de fusilamiento despiadado, fue trasmitido y replicado por medios masivos inculpando a grupos guerrilleros y disidencias de las FARC, lo cierto es que detrás de la desarticulación de la organización criminal responsable de esto, resaltan nombres de miembros activos de la policía.

La censura política, social y mediática es el resultado de un gobierno corrompido permeado por la mafia y que se niega a reformarse, frente a esto la libertad de opinión y prensa ambientada por las redes y medios alternativos es la opción y muro de contención de la ciudadanía que se resiste.

 

 

 

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