La Procuraduría se pronuncia del caso Uribe

Hoy la Procuraduría hizo pública su solicitud a la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia de remitir el expediente que adelanta contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, a la Fiscalía.

Fernando Carrillo es el nuevo procurador general

Según la Procuraduría «la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República». Sin embargo, el artículo 174 de la Constitución Política dice que cuando los altos funcionarios cesan en el ejercicio de su cargo el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas, funciones que están precisamente en tela de juicio por la Corte.

Este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 2/2015, «Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones»

Básicamente el artículo se modificó con el fin de que un aforado no evada las responsabilidades penales ocasionadas por actos al margen de la ley mientras estuvo en el ejercicio de sus funciones con el simple hecho de renunciar. Llama la atención que el Procurador Fernando Carrillo mencione que «todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho” pero omita mencionar que no es posible renunciar a las responsabilidades penales consecuencia de delitos siendo Senador, como en el caso de Uribe, y al mismo tiempo diga » esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones»

Este movimiento de la Procuraduría no solo parece ser una apretada de manos al exsenador Uribe sino también una voz generalizada que acomodadamente se suma a la intención de libertad a manos de los allegados del investigado mientras se escuda en un supuesto ejercicio de sus funciones.

Comentarios